ABC – 29/08/14
· El consejero Vila se enfrenta al número dos de Convergència y pide «ajustarse a la ley»
· Discrepancias El consejero díscolo dijo que «la alternativa a no respetar la ley es inseguridad e incertidumbre».
Con el rumbo puesto hacia la consulta del 9 de noviembre, el soberanismo trata de transmitir una imagen de unidad más ficticia que real, una aparente cohesión que, como se ha visto, parte en dos a Convergència i Unió (CiU) y divide también al ejecutivo de Artur Mas. La percepción de que, al menos aparentemente, CiU está sucumbiendo a la presión de ERC para que el día de la consulta se saquen las urnas a la calle incomoda de manera profunda a Unió Democràtica (UDC), el partido de Josep Duran, y a los dirigentes más pragmáticos de Convergència Democràtica (CDC).
Las diferencias de criterio se trasladan también a la mesa del Consell Executiu, donde las voces discrepantes con la estrategia del «sí o sí» son notables y, lo que es más significativo, cada vez se expresan de forma más rotunda. En paralelo, en los círculos más moderados de CDC se ve con alarma como la nueva dirección del partido ha quedado en manos de los elementos más radicalizados, los mismos que no esconden que su intención es competir con Esquerra Republicana (ERC) en el campo independentista, orillando el papel tradicionalmente moderador del partido de Mas.
El giro radical de CDC lo personifica su nuevo cordinador general y número dos de la formación, Josep Rull, que el miércoles trataba de apaciguar los recelos de Junqueras sobre la voluntad de de la Generalitat de llegar hasta el final el 9N y aseguraba que, al margen de lo que diga el Tribunal Constitucional (TC), las urnas se van a poner en la calle. El anuncio de Rull, al menos aparentemente, rompe con la tesis imperante hasta ahora, la misma que servía para tranquilizar a los elementos más moderados de la formación: se firmará el decreto para convocar la consulta, pero no se quebrará la legalidad si el TC la tumba.
«Respetuosos con la ley»
Así lo recordó ayer el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila (CDC), que reconoció el papel del Constitucional como «árbitro» en el conflicto y advirtió de que «la alternativa a no respetar la ley es la inseguridad y la incertidumbre». En una entrevista en TVC, Vila explicó que su gobierno «hará lo posible y lo imposible» para que se pueda votar el 9 de noviembre y se mostró convencido de que lo podrán hacer «ajustados a derecho», amparados por la ley de Consultas populares no refrendarias que prevé aprobar el Parlamento catalán. Con todo, prosiguió, «el Constitucional arbitrará el conflicto», poniendo en duda las voces que, también desde su partido, «cuestionan» el papel del tribunal. «Hay que ser cuidadosos porque si nos lo llevamos todo por delante, la pregunta es qué nos queda», apuntó.
En este escenario, Vila mostró una extrema cautela ante la posibilidad de que el 9 de noviembre la Generalitat saque las urnas a la calle, un acto dedesobediencia que, por otra parte, Artur Mas ha transmitido en múltiple reuniones que no piensa llevar a cabo. «En un Estado de Derecho es muy importante que todo el mundo, desde la ciudadanía de base hasta lógicamente su gobierno, siempre tenga cuidado de ser muy respetuoso con la ley que ampara a todos», destacó el consejero. «Es importante que enviemos a los ciudadanos el mensaje de que es responsabilidad del Govern hacer todas las iniciativas que se tengan que hacer, pero siempre ajustadas a la ley, porque esto nos da seguridad y garantías a todos», añadió.
Aplazar el 9N
Las manifestaciones de Vila se suman a las que la vicepresidenta catalana, Joana Ortega (UDC), realizó hace un par de semanas, en las que abría la puerta a aplazar la consulta soberanista en caso de que el Estado la vetase. «Yo trabajo por este 9 de noviembre, y si no, habrá otro 9 de noviembre (…). No le puedo decir si será en febrero, pero un recurso no mata nada, lo aplaza, no mata el ansia de los catalanes de votar. (…) Se aplaza el proceso, pero el anhelo sigue vivo», explicó la número dos del Govern, en unas declaraciones que fuentes políticas consultadas por este diario dan por sentado que se hicieron a modo de globo sonda con el conocimiento del presidente Mas.
Las manifestaciones de Ortega desataron una virulenta reacción por parte de ERC, cuyos dirigentes Joan Tardà y Alfred Bosch prácticamente acusaron a Mas de alta traición. Al día siguiente, y ante el revuelo causado por las manifestaciones de Ortega, fue el propio «president» quien tuvo que salir al paso asegurando que el proceso no se detiene.
Fue la misma secuencia que se ha repetido esta semana. Oriol Junqueras (ERC) amenazaba el martes con dejar caer a Mas si no se llega hasta el final, y al día siguiente Josep Rull apacigua los ánimos asegurando que se pondrán las urnas en la calle. En este contexto, y como ayer expuso el consejero Vila, los elementos más pragmáticos del entorno de Mas ven confirmados sus temores de que es ERC quien gobierna en plaza Sant Jaume.
ABC – 29/08/14