Tonia Etxarri-El Mundo
Con la anomalía aún sin digerir de la primera sesión del Congreso en la decimotercera legislatura, la presidenta de la Cámara baja ha optado por jugar a la pelota con la Justicia. No se trata de afrontar el torneo de Roland Garros. Ni nada parecido. El juego, en realidad, se llama ‘ganar tiempo’. Es decir, hacer perder plazos a los demás en beneficio propio. O, lo que es lo mismo, en beneficio del candidato a presidente, Pedro Sánchez. Haciendo gala de mucha flema. La que utilizó mientras escuchaba a los diputados presos preventivos acatar la misma Constitución que habían quebrantado hace tres años en Cataluña. Y aferrada a la raqueta para devolver la pelota al alto tribunal. Tuya, mía. ¿A quién corresponde decidir la suspensión de los diputados que están en la cárcel mientras están siendo juzgados? Empezó la partida el Tribunal Supremo. Emplazando a la Mesa de la Cámara legislativa a que decidiera lo que legalmente corresponde.
El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la suspensión de procesados por rebelión que se encuentran a la espera de sentencia. Pero también el artículo 21 del Reglamento de la Cámara establece que el procesado que esté ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido mientras dure su situación de prisión. Si el alto tribunal transfirió la responsabilidad de adoptar esta decisión a la Mesa del Congreso fue porque este pronunciamiento puede influir en la composición del hemiciclo. Cuatro diputados más o menos alteraría la mayoría necesaria en la próxima sesión de investidura, por ejemplo. Y como el Supremo no quiso condicionar la labor de la Mesa, la Fiscalía intervino para apremiar los tiempos. Justo lo que quería evitar Meritxell Batet. Se quiere sacudir la responsabilidad alegando que la cuestión no es política sino jurídica.
Pero la resolución del dilema, si finalmente recae sobre sus espaldas, no es política sino reglamentaria. Lo político serían las consecuencias. Esa es la pelota que Meritxell está evitando. Que no se quede en su cancha. Que no tenga que decidir el organismo que ella preside la suspensión de los diputados presos preventivos. Para no contrariar, sobre todo, a la ERC de Junqueras. Que sus quince escaños valdrán mucho en la sesión de investidura de Sánchez. La nueva presidenta del Congreso ha manejado situaciones de tensión con los independentistas, en los últimos años, con una impasibilidad que raya la indiferencia.
Estos días se está recordando que apoyó tres veces en el Congreso la celebración de una consulta en Cataluña, rompiendo la disciplina de voto del grupo socialista. Con idéntica flema aseguró, en 2016, que Otegi se podía presentar a las elecciones autonómicas vascas porque ya había cumplido «con sus obligaciones jurídicas». Y que «el principio de legalidad» tenía que funcionar «para unos y otros». Obviando que Otegi, aunque ya había cumplido su pena de cárcel, había sido condenado a una doble inhabilitación; una sentencia firme que finalmente le impidió presentarse como candidato. Fue el propio Sánchez quien la corrigió, entonces, al decir que tenía que ser la Justicia quien decidiera la situación legal del dirigente de EH Bildu.
En aquella época, Batet era secretaria de Estudios y Programas del PSOE. A través de senderos diletantes ha llegado a ascender hasta la presidencia del Congreso. A estas alturas sabrá que la suspensión de los diputados presos preventivos no puede quedar a merced de un cálculo electoral sino a la aplicación de las normas.