La raya

CON un varapalo del Tribunal Constitucional a cuestas, una reprobación del Congreso y una investigación de la Fiscalía en su antiguo despacho, Cristóbal Montoro es ahora mismo un chicharro con patas, la viva imagen de un ministro abrasado. Si la sentencia de la amnistía fiscal, que invalidaba su forma y cuestionaba con inusitada severidad su fondo, era motivo casi obligatorio de renuncia según las normas no escritas de la ética política, el paradigma social no ofrece margen de tolerancia sobre las actividades de sus excolaboradores y de su hermano. A expensas de lo que diga el juez, lo que ha salido en las portadas de ABC se parece demasiado al tráfico de influencias y al uso de relaciones privilegiadas con el poder para la obtención de lucro privado. La implacable exigencia de ejemplaridad a los contribuyentes es incompatible con la más mínima sombra de escándalo.

Sin embargo, Montoro no se irá. Su desdeñoso concepto de la crítica contiene la suficiente arrogancia para calificar el contundente varapalo del Constitucional como «una perorata». Se considera forrado de una piel muy dura para soportar el desgaste de una tarea incomprendida y antipática. Se siente una especie de pretoriano encargado por su jefe de una misión sagrada. Y sabe que Rajoy no está dispuesto a dejarlo caer porque, en efecto, le otorgó plenos poderes para hacer lo que fuese necesario con tal de mantener el déficit bajo control y las cuentas cuadradas. Aunque para lograrlo, que lo hizo, asfixiara a las clases medias con una presión fiscal tan abrumadora que él mismo se jactaba de desbordar a la socialdemocracia. Aunque descargase el coste del ajuste sobre las rentas del trabajo, renunciando a disminuir, como prometía su programa, el tamaño y el gasto de una Administración pública hipertrofiada. Y aunque al regularizar el fraude fiscal haya triturado, como afirma el TC, el principio del reparto equitativo de la carga tributaria.

Para hacer todo eso hay que tener al menos un techo transparente, sin un solo cristal empañado. Y resulta que la asesoría fundada por él ha alcanzado una notable prosperidad durante su mandato. El llamado Equipo Económico, antes Montoro y Asociados, es o era una firma de referencia en el mundo del lobby, esa clase de exploradores de cuello blanco que las grandes empresas contratan como guías para moverse en el laberinto de la fiscalidad y de los sectores regulados. El juez decidirá si sus gestiones «se pasaron de la raya» legal en algún ámbito; este periódico se mantiene, como el propio interesado admite a su pesar, en el lado de los datos contrastables y los hechos verificados. De momento es el ministro –desautorizado por el Constitucional, reprobado por el Congreso y puesto en evidencia por el asunto del despacho– el que ha rebasado la línea de su idoneidad para el cargo. Y hoy, final de plazo del IRPF, es un apropiado día para recordarlo.