Las consecuencias de la anulación este viernes por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la UE y Marruecos exceden el perjuicio económico para la flota española, que tiene prohibido faenar en aguas africanas desde el año pasado.
La sentencia tiene también importantes implicaciones políticas. Porque al denegar la validez de los acuerdos, por considerar que se celebraron sin recabar el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, el TJUE reconoce a la excolonia española como territorio distinto al de Marruecos.
Lo cual supone que el máximo intérprete del derecho europeo respalda al Frente Polisario y desautoriza el giro del Gobierno de Sánchez, que avaló en marzo de 2022 el plan de autonomía bajo soberanía marroquí para el Sáhara Occidental.
El TJUE considera que, al no contar con el permiso del territorio africano, la UE y Marruecos vulneraron el principio de autodeterminación por cerrar un trato que sólo era aplicable al territorio marroquí. Y reafirma con ello «el pueblo saharaui es el único titular del derecho a la autodeterminación sobre el territorio», siguiendo la doctrina de la ONU, que considera al Sáhara Occidental un territorio pendiente de descolonización.
Si España dio un vuelco a su posición histórica sobre el conflicto es porque Sánchez apostó por ceder ante Marruecos como vía para cerrar la crisis diplomática desatada por la acogida del frente polisario en nuestro país.
Además, pasar a considerar la soberanía marroquí sobre el Sáhara como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el contencioso buscaba la contrapartida de que el país vecino cooperase en el control de los flujos migratorios. Y se justificaba por el alineamiento con EEUU, que había reconocido la soberanía marroquí en 2020 (y con Francia después, que también cambió de posición el pasado julio para apoyar el plan de autonomía).
Pero la realpolitik de Sánchez para con Marruecos se ha topado con la realidad de la legalidad internacional, que reconoce al Sáhara como un territorio pendiente de un referéndum de autodeterminación.
Este aspecto fundamental fue soslayado por el Gobierno en su giro sobre el Sáhara (y por la UE y Marruecos, al celebrar un acuerdo internacional que afectaba también a bienes obtenidos en suelo y aguas saharauis).
La sentencia del TJUE supondrá que se reavive el debate político sobre este controvertido cambio de posición, sobre el que Sánchez nunca ha llegado a dar explicaciones en el Congreso. Y le abre al presidente un nuevo litigio en el seno de su mayoría parlamentaria, dado que tanto Sumar como Podemos rechazaron y siguen rechazando el apoyo de Sánchez a la soberanía marroquí sobre el Sáhara.
La insurgencia este viernes de Ione Belarra tras la desautorización por el TJUE de la postura de España, acusando a Sánchez de cómplice de «la dictadura marroquí», deja un preludio de la resurrección de la polémica que traerá esta sentencia.