El anuncio de este jueves de unas «nuevas actuaciones» en la cuenca del Poyo supone una rectificación del error cometido por el Gobierno, que paralizó en 2021 un proyecto similar de adecuación y drenaje del barranco por «falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales».
Fue la misma quien lo aprobó en 2011 como secretaria de Estado de Cambio Climático, y quien lo paró diez años después como ministra para la Transición Ecológica.
Por eso, retomarlo cuatro años después, y sólo tras la tragedia que se cobró 228 víctimas mortales el pasado 29 de octubre desencadenada por la dana.
Porque, aunque la juez de la causa por la dana haya limitado la instrucción al esclarecimiento de las responsabilidades penales más inmediatas por los fallecimientos, pensadas para reducir el riesgo de inundabilidad.
Y ello pese a que la Conferencia Hidrográfica del Júcar alertó en varias ocasiones sobre la necesidad «prioritaria» de estas actuaciones.
Eso no quita para que pueda atribuirse negligencia a la autoridad encargada de los servicios de Emergencias, tal y como ha apreciado la juez en dos ex cargos de la Generalitat. Ni tampoco para negar la responsabilidad política de por su cuestionable actuación durante las horas críticas de la catástrofe.
Pero es igualmente innegable que, de haberse llevado a cabo las obras de adecuación del cauce del Poyo, , como han trasladado a EL ESPAÑOL los expertos que las promovieron en su día.
Se puede conceder que, de haber funcionado a tiempo el sistema de alertas de protección civil, también se habrían evitado muchas muertes. Y que, con aquellos niveles insólitos de precipitaciones, el agua se habría desbordado de todas maneras. Pero no se habría desatado una catástrofe natural de tal calibre ni se habría producido semejante volumen de pérdidas materiales.
Sólo cabe felicitarse, por tanto, de que el Gobierno admita ahora el origen sustancial de la catástrofe. Y que se haya decidido a evitar que vuelva a suceder, destinando 335 millones a «adaptar y ejecutar nuevas obras para mejorar la resiliencia frente a las inundaciones del territorio afectado por la dana, prevenir los riesgos y adaptarse a eventos extremos».
Pero sonroja la desidia que se desprende de las «actuaciones actualizadas» que licitará el Gobierno. Porque. Hasta el punto de que, como ha podido constatar EL ESPAÑOL, ha usado las mismas infografías incluidas en el proyecto original de 2010 para la cuenca del Poyo.