La reforma constitucional y el doble referéndum

Naturalmente, las comparaciones con el exterior son inevitables, y por eso se buscan precedentes de «soberanismos legales» en nuestro tiempo. Conviniendo citar al respecto la conocida sentencia del Tribunal Supremo de Canadá, que después de varios referendos independentistas en la provincia de Quebec llegó a la conclusión de que tales consultas populares no sirven para nada; es el pueblo en su conjunto, de costa a costa, el único que puede decidir sobre cualquier pretensión de separatismo. Y por analogía eso es lo que puede esperarse del Tribunal Constitucional español cuando resuelva sobre la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña.
Como senador por Huesca, participé en la Comisión Constitucional del Senado y formulé una serie de enmiendas a la Constitución, una al artículo 143; el texto original decía que la modificación territorial precisaba un referéndum en que se pronunciara a favor la mayoría de la población; mi enmienda, que fue aceptada, consistió en precisar que esta mayoría se tenía que alcanzar en cada territorio afectado. La decisión sobre Cataluña no es algo que concierna exclusivamente a esta, sino que afecta a toda España. Por esa enmienda me felicitaron algunos ministros, como Pérez-Llorca, uno de los padres de la Constitución, y los senadores navarros mostraron su contento, pues ya no podían ser envueltos en un referéndum que se realizara en el territorio global de «Euskalherría».
En estos días que tanto se habla de la independencia catalana me causa perplejidad que apenas se cite el artículo 143 de la Constitución. Los catalanes independentistas lo conocen muy bien, y para superarlo han lanzado el tema del «derecho a decidir», pero los juristas sabemos que un texto constitucional no puede ser reformado más que con arreglo a la Constitución, que ha previsto en su normativa su propia reforma. Así que mi conclusión es: o los catalanes se olvidan de la independencia al lograrla mediante el llamado derecho a decidir, o si quieren verdaderamente conseguirla han de comenzar por respetar la Constitución Española y someterse a la decisión del conjunto.
Por supuesto, lo que podemos llamar inteligencia española está en contra de ese descabellado deseo, empezando por el que fue ilustre pensador Julián Marías, que en su libro La España inteligible llega a decir que quizás ha pasado ya el tiempo de crear nuevas naciones. Y añadiría que ello se confirma por la actitud de la Constitución Europea y de los actuales líderes continentales, que no ven con agrado ni con indiferencia el secesionismo catalán, el cual le dejaría fuera de Europa y sin posibilidad de obtener la unanimidad a favor de su ingreso. El viento de la historia es hoy por el contrario, el de las grandes federaciones nacionales como la europea, la norteamericana, etcétera. Son muchos los países europeos que albergan en su seno a minorías más o menos consistentes (pensemos en el caso de Francia, con Córcega, Bretaña o el País Vasco francés); está claro que ninguno de estos países, por propio interés, daría facilidades para la reincorporación a la UE de un territorio que se hubiera separado unilateralmente de uno de los Estados que forman parte de la misma, puesto que constituiría una forma de estimular otros procesos secesionistas. Esto es lo que no entienden los nacionalistas catalanes, que la UE, como su nombre indica, ha nacido y se ha desarrollado para estrechar vínculos, para lograr una unión más fuerte (como dice la Constitución de los EE.UU.), no para aflojar y menos para cortar los ya existentes Estados-nación que conocemos. El comisario europeo Almunia, unas horas antes de que Arturo Mas iniciara un acto separatista, le recordó que cualquier parte territorial de una nación comunitaria que se haga independiente quedara fuera de UE.
Además de Tamames podría citar a muchos intelectuales de la política en contra de la secesión; me limitaré a dos: Jaime Lamo de Espinosa (conferencia en la Real Academia de Doctores), y como es notorio, el premio Nobel Vargas Llosa, un peruano realmente enamorado de España que vivió muchos años en Barcelona.
Creo que estamos ante lo que debe ser una nueva Transición cuyo objetivo último sería el de conseguir por fin la reconciliación de los españoles en torno a la actual Constitución, que tantos años de paz social nos ha proporcionado; bien que en ella hagamos las reformas oportunas, a ser posible por consenso de las principales fuerzas políticas.

Alberto Ballarín Marcial, es notario