La información que hoy recoge EL ESPAÑOL sobre las maniobras de miles de extranjeros, especialmente de origen pakistaní y magrebí, para burlar los controles de extranjería, confirma que las advertencias lanzadas este martes por la Comisión Europea no eran meras cautelas diplomáticas.
Las preocupaciones de Bruselas y las críticas previas de nuestros socios europeos sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes de Pedro Sánchez están, desgraciadamente, fundadas en una realidad que ya empieza a desbordar a nuestras fuerzas de seguridad.
El informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras describe un patrón de fraude alarmante. Miles de ciudadanos indocumentados están acudiendo a las comisarías para denunciar falsamente la pérdida de sus pasaportes.
No es un movimiento casual: el objetivo es obtener un documento de denuncia que les sirva para acreditar su estancia en España y, al mismo tiempo, ocultar su verdadera identidad.
Este «truco» permite a individuos con antecedentes penales y policiales —tanto en España como en el extranjero— «resetear» su historial ante la administración para acogerse al proceso de regularización masiva anunciado por el Gobierno.
Este escenario es el que ha encendido las alarmas en la Unión Europea, que critica que la medida de Sánchez ignora el nuevo Pacto de Migración y Asilo y pone en riesgo el espacio Schengen.
El mensaje de Bruselas ha sido claro: un permiso de residencia no puede ser un cheque en blanco.
La posibilidad de que un inmigrante obtenga la residencia mediante una simple «declaración responsable» si su país de origen no envía el certificado de penales es vista en Europa como una falla inaceptable. El temor a los movimientos secundarios —que estos inmigrantes se trasladen después a otros países de la UE— es real y lógico.
El oficio policial al que ha tenido acceso este diario demuestra que, como se temía, esta regularización no sólo falla en la detección de antecedentes delictivos, sino que ya está funcionando como un potente efecto llamada para la delincuencia.
El incremento del 866% en las denuncias de ciudadanos pakistaníes y del 356% en argelinos en apenas unas semanas no responde a una epidemia de despistes, sino a una estrategia coordinada por redes que ven en la laxitud de Sánchez una oportunidad histórica.
Es fundamental subrayar que estas críticas no provienen únicamente de sectores políticos de la oposición o de medios de comunicación críticos.
Son los propios cuerpos policiales, los que trabajan a pie de calle, quienes están identificando y documentando la puerta de entrada por la que se está produciendo la llegada de delincuentes.
La advertencia, de carácter técnico y operativo, expone el deficiente diseño de la regularización: se está perdiendo la capacidad de distinguir entre quien viene a trabajar y quien busca refugio legal para sus actividades criminales.
A la luz de estos hechos, no es exagerado afirmar que, con esta regularización extraordinaria, el Gobierno de Sánchez está abriendo la puerta a delincuentes.
Es una irresponsabilidad intolerable que, en una decisión unilateral y temeraria, y tomada únicamente en virtud de una conveniencia política particular, el presidente comprometa no sólo la seguridad nacional, sino también la de nuestros aliados europeos.
La debilidad de los controles y requisitos contemplados en la regularización del Gobierno, al amparar los fraudes documentales, no servirá para formalizar la necesaria integración de los trabajadores extranjeros. Por el contrario, va camino de convertir a España en un coladero de inmigración irregular mientras el resto de Europa avanza en la dirección contraria.