La rendición de cuentas, según Pedro Sánchez

Hay que reconocerle el mérito a este comité capaz de evaluar, en tres reuniones de hora y media, hasta 1.238 compromisos adquiridos por este Gobierno. No debe de haberles sido nada fácil. Sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de un Gobierno que no ha tenido siquiera tiempo de responder al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno más de la mitad de reclamaciones que han hecho los ciudadanos a lo largo de este año. Será que es más fácil dejarse examinar por un comité cuyos miembros han sido nombrados a dedo por el Gobierno que rendir cuentas ante un organismo independiente.

De hecho, el Gobierno de Sánchez es el más opaco desde que existen datos del Consejo de Transparencia (solo ha resuelto un 60,4% de las reclamaciones). Siete meses ha tardado el Gobierno de coalición, por ejemplo, en atender la petición de hacer públicos los nombres del supuesto ‘comité de expertos’ de la desescalada de la primera oleada de covid. Tres semanas más tarde de que se lo exigiera un ultimátum del Consejo de Buen Gobierno, esta información (que confirma que se trataba de 13 funcionarios de Sanidad y no de expertos independientes, como dio a entender el Gobierno) se hacía pública al mismo tiempo que Pedro Sánchez presumía en directo de transparencia en su balance de año. Al menos, tuvo el decoro de no presumir de puntualidad.

Otras peticiones al Consejo de Transparencia no han tenido la misma suerte. Sigue sin reconocerse oficialmente, por ejemplo, el motivo del despido del jefe policial que en enero adquirió mascarillas para sus agentes preocupado ya por el coronavirus y que en marzo fue destituido por “crear alarma”. También se ocultan desde el Gobierno los vuelos de Sánchez en el Falcon y las compras de material sanitario. Entre los ministerios más opacos está, precisamente, el de Sanidad.

O no le importa la desafección o se cree que somos tontos. Si no, no tendría mucho sentido que prefiera montar comités a su medida

El presidente del Gobierno sabe, lo dijo en su discurso de investidura, que “la desafección política ciudadana se combate con ejercicios claros de transparencia, mecanismos estrictos de control y garantías en la rendición de cuentas”. Así que, o no le importa la desafección o se cree que somos tontos. Si no, no tendría mucho sentido que prefiera montar comités a su medida, mientras sigue ignorando buena parte de las peticiones del Consejo de Transparencia, como también ha ignorado su Gobierno la petición de un grupo de prestigiosos investigadores en salud pública que llevan desde el verano insistiendo en la necesidad de una evaluación independiente de la gestión de la pandemia.

Estos científicos españoles reivindicaban con urgencia una auditoría científica de la gestión de la crisis del covid-19 en España. Alertaban de la importancia de aprender de los errores para evitar repetirlos. Más de dos meses tardó en reunirse el Gobierno con los científicos, que en agosto se quejaban en ‘The Lancet’ de la falta de transparencia de las políticas sanitarias del Gobierno. Al final, Illa acabó dándoles largas en octubre. No había tiempo para auditorías de ese tipo en medio de una pandemia. Ahora, sin embargo, sabemos que tan difícil no será organizar un comité que audite al Gobierno si Moncloa ha montado uno exprés de juristas y politólogos, que en tres reuniones de hora y media, entre el 20 de noviembre y el 11 de diciembre, han logrado analizar un año entero de gestión pública. El año de la pandemia.

Tiene mucho mérito, desde luego. Sobre todo teniendo en cuenta que el principal propósito de esta rendición de cuentas, según explica el informe en el anexo, “es reivindicar el valor de la palabra dada, como motor y como horizonte de la acción de gobierno”. La palabra dada, dice. Y ahí está el mayor mérito de todos de este comité. Saber cuál de todas las palabras dadas por este Gobierno es la que verdaderamente constituye un compromiso político y cuáles son solo opiniones personales, pongamos, de un vicepresidente. ¿Cuál es la palabra dada que realmente vale cuando en un Gobierno sus integrantes lo mismo prometen subir el SMI que congelarlo hasta más adelante, o se comprometen a fortalecer la institución monárquica al tiempo que abogan por una “república plurinacional”? ¿Es la palabra dada del Gobierno Sánchez la que prometía no pactar con Bildu o la palabra que Iglesias le dio a Otegi? ¿Es la palabra dada la que negaba los indultos o la que ahora los justifica?

Como el informe de rendición de cuentas recoge en sus bases metodológicas una “vocación de mejora y fortalecimiento”, siempre puede mejorar en futuras ediciones. Podría incorporar también, por ejemplo, los compromisos no formulados públicamente ante la ciudadanía, pero que el presidente haya ido adquiriendo fuera de las cámaras. Ahí cabrían para el análisis todas esas promesas que el Gobierno de coalición haya ido negociando bajo cuerda con otros grupos parlamentarios a cambio de su apoyo para aprobar los PGE, pero que no constan en ningún programa ni discurso. En honor a la transparencia, también los votantes de Bildu merecen saber qué hay de lo suyo, por más que este partido no aparezca en las 41 páginas del informe. Es una lástima que no haya ningún apartado ni anexo dedicado a todo aquello a lo que Pedro Sánchez se comprometió a no hacer, pero que sí ha terminado haciendo. A eso seguramente no les habría dado tiempo