Han vuelto a elegir el conformismo, la pusilanimidad y la rendición bajo el amparo eufemístico del “sentido de Estado”, en realidad pánico al riesgo del cambio.
Podemos imaginar un meme de La rendición de Breda, de Diego Velázquez, donde un Sánchez victorioso se inclina elegante a recoger las llaves del reino que le entrega un rendido Feijóo. Podemos evocar ese verso del antiguo himno argentino, “a sus pies rendido un león”, referido a la expulsión de España del Virreinato del Río de La Plata. Para eso sirve la cultura fina: no puede cambiar los atropellos consumados, pero permite entenderlos mejor y hasta reírse un rato, que en política siempre es más saludable que llorar.
El pacto entre Sánchez y Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene todos los ingredientes de la parodia: como en un desgraciado juego de la oca, el aparente movimiento de avance nos ha devuelto a la casilla de partida. El acuerdo ha sido firmado a instancia y bajo presión de una Comisión Europea que también acaban de repartirse los grupos europeos de ambos partidos, lo que explica muchas cosas: la regla es que España no se merece la molestia de arriesgar una crisis de Estado miembro grande.
Un procedimiento obsceno
Los cambios prometidos se limitan a consultar en unos meses al CGPJ salido del nuevo reparto bipartidista cómo ve cambiar el procedimiento de elección para que los jueces participen de alguna manera: es decir, que ese CGPJ será juez y parte, que se tomará su tiempo, que consultará a quien quiera, presentará un informe que verá el Congreso si es bendecido por PP y PSOE, y aquí paz y después gloria. Lean aquí un resumen autorizado, y moderado, de un magistrado juez en ejercicio.
Por lo demás, el procedimiento ha sido tan obsceno como manda la tradición: los dos partidos se han repartido el órgano colocando a sus magistrados de confianza, y remiten a un domesticado e irrelevante Parlamento, reducido a cámara consultiva de ratificación (como el decorativo Bundestag de Bismarck), lo decidido en Bruselas por un ministro y un representante del PP. No se puede soñar una escenificación más apropiada de la muerte de la separación de poderes: decidida en la trastienda por el Gobierno y un partido de oposición, al margen de las Cortes y fuera de España.
Toda parodia puede degenerar en esperpento, y este ser tan frecuente que ascienda a normalidad (¿quién creía posible que alguien como Óscar Puente fuera ministro y portavoz de facto del Gobierno?) La única novedad del reparto es excluir a los socios menores, minucia que algunos presentan como indicio de calidad.
Uno comprende que la noticia de que el pacto por el CGPJ no solo empeora las cosas, sino que solo beneficia a Sánchez, es demasiado mala como para ser admitida sin más
Pero solo es señal de que Sánchez da por concluido un ciclo y se apresta a otro más bipartidista: Él solo contra el PP, oportunamente rendido a sus pies no solo por el contenido del pacto, sino por la forma: ¿cómo protestar ahora por las reuniones en Suiza con los golpistas catalanes?; ¿cómo condenar negociaciones secretas para repartir las instituciones del Estado entre partidos? Más la admisión implícita de que, como le acusaban, el PP estaba boicoteando la Constitución.
Uno comprende que la noticia de que el pacto por el CGPJ no solo empeora las cosas, sino que solo beneficia a Sánchez, es demasiado mala como para ser admitida sin más (el oficio de Casandra conlleva carecer de credibilidad). Sin embargo, no se había secado aún el tóner del documento y Patxi López se apresuraba a declarar que los jueces no tendrán más protagonismo electivo que antes, es decir, ninguno fuera de las asociaciones elegidas por jugar con las reglas del oligopolio. Para confirmarlo, la asociación judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, y por supuesto el 50% de jueces sin asociar, han sido excluidos.
Arruinar toda esperanza
El pacto cerrado certifica, pues, el entierro de un poder judicial razonablemente independiente. Era posible reconquistarlo volviendo, al menos, al sistema de elección constitucional anterior a 1985, liquidado por el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra (quien se vanaglorió del entierro de Montesquieu). Obligar al Gobierno a reformar la Ley del CGPJ antes de cambiar el órgano es un requisito tan de sentido común como pedir que te presten el dinero antes de exigir la devolución, pero la derecha del Partido Popular ha preferido arruinar la esperanza: era demasiado lo que estaba en juego, demasiado peligroso. Y quizás poco deseable para su futuro.
De mis actos en España responda Europa, no yo.
Respecto a la Ley de Amnistía puede pronosticarse un recorrido europeo sin excesivos sobresaltos, no muy diferente al perdón de Sánchez por el incumplimiento de las normas fiscales
Así como Feijóo fue incapaz de arrancar a Ursula von Der Leyden una mención expresa contra la Ley de Amnistía durante la pasada campaña electoral, también han sido incapaces de conseguir que la Comisión impusiera a Sánchez el cambio de la Ley antes de la elección del nuevo CGPJ para asegurar el protagonismo judicial. La pregunta pertinente es si siquiera lo han intentado.
Para desgracia de la justicia y la democracia en España, la Comisión ignorará nuestras cuitas porque, a diferencia de Polonia o Hungría, quienes aquí la desmantelan son sus propios partidos. Así las cosas, respecto a la Ley de Amnistía puede pronosticarse un recorrido europeo sin excesivos sobresaltos, no muy diferente al perdón de Sánchez por el incumplimiento de las normas fiscales y el fracaso de los fondos europeos.
Como cuando los nefastos pactos con ETA y los Pujol y sus innumerables ladrones, pasará algún tiempo antes de que la opinión acepte lo sucedido, pues la muerte inesperada se rechaza al principio. La psicología ha estudiado las fases del duelo en estos casos, conviniendo en que atraviesa cinco y la primera es la negación del fallecimiento, en la que estamos; siguen las de ira, negociación, depresión y aceptación; tomémoslo con calma.
Volvemos a quedarnos con un palmo de narices justo cuando la indignación generalizada por los asaltos a la justicia, y por la legalización de la corrupción vía TC, abrían el regreso de la división de poderes con un poder judicial autónomo de los partidos políticos. La razón es la incapacidad de la derecha llamada moderada, pero en realidad inútil, demasiadas veces sufrida, para hacer frente a desafíos estructurales que impliquen cambios en profundidad.
Rajoy desperdició su mayoría absoluta con el veto lampedusiano a todo cambio, poniendo la alfombra roja al regreso del PSOE. Han vuelto a elegir el conformismo, la pusilanimidad y la rendición bajo el amparo eufemístico del “sentido de Estado”, en realidad pánico al riesgo del cambio. Han preferido negociar la posverdad y sus relatos en vez de arriesgar un combate decisivo por la democracia que se esfuma. Bendita sea Casandra, que anunciaba lo porvenir que nadie quería ver.