La renuncia del Estado

EL FINAL de la luna de miel del Gobierno de Sánchez ha sido abrupto: en su primera rueda de prensa, la flamante portavoz del Gobierno anunció, como primera medida estrella, la eliminación de las medidas de control e información financiero de la Generalitat.

En aras de evitar que se utilice el sistema financiero para que los narcotraficantes oculten su dinero, e incluso financien nuevas operaciones, existen medidas antiblanqueo. Si esta exigencia a los bancos se levantase «como gesto», en poco tiempo algunos bancos se convertirían en lavanderías del dinero procedente de todo tipo de graves delitos. Pues bien, aquí se levantan el equivalente de las medidas antiblanqueo a unos infractores que declaran abiertamente su intención de incumplir la ley.

El Gobierno de España renuncia así a impedir pagos ilegales para financiar la vulneración de las leyes y la Constitución. De hecho, ni siquiera sabrá el destino del dinero. Eventualmente, se puede acabar sabiendo, pero tardaremos varios meses o años. Entre tanto, la eliminación del control previo permite que se tomen ahora decisiones con consecuencias que, cuando las examine la justicia, serán ya irreparables.

Se ha dicho, erróneamente, que esta medida era parte de la aplicación del artículo 155 y que, por tanto, debía decaer. La realidad es distinta, ya que estas imprescindibles medidas se tomaron antes de que el Gobierno del PP, a instancias de Ciudadanos, aplicase el artículo 155 en Cataluña.

Para entender estas medidas, debemos retrotraernos a comienzos de septiembre de 2017. Tras la votación de las leyes de desconexión antiestatutarias e inconstitucionales en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017, la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planelles, comunicó al ministro de Hacienda que había recibido la orden de su superior, el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de dejar de informar al Estado en adelante de los gastos de la Generalitat de Cataluña.

Se trataba, como todos entendimos entonces, de encubrir la utilización de fondos públicos para financiar la realización de actos ilegales dirigidos a la secesión unilateral de Cataluña mediante un (antiestatutario e inconstitucional) referéndum vinculante (Artículo 4.4. de la Llei de Referendum d‘Autodeterminació: «Si el recuento de los votos válidamente emitidos da como resultado que hay más positivos que negativos, implica la independencia de Cataluña»).

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno acordó el 15 de septiembre medidas de control de las cuentas de la Generalitat para evitar el desvío de fondos. Como diría el Tribunal Supremo en su auto del 18 de octubre de 2017 rechazando la nulidad de tales medidas, «dicho análisis no podría mantenerse aislado del examen del contexto de conflictividad institucional en el que se produce y del objetivo, abiertamente expuesto en la exposición de motivos del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de 15 de septiembre, de evitar que se utilicen fondos para actuaciones declaradas contrarias a derecho y suspendidas o anuladas por parte del Tribunal Constitucional, como lo es la organización de un referéndum de independencia con efectos pretendidamente vinculantes».

Es evidente, más allá de los intentos del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro de desviar su responsabilidad, que, efectivamente, subvertir el orden constitucional tiene un coste que alguien tiene que financiar. Pues bien, tras las investigaciones de la Guardia Civil tenemos constancia de forma fehaciente de que el desvío de fondos se produjo. La cuestión clave ahora es si es razonable pensar que estas conductas, una vez eliminadas las medidas de control, volverán a tener lugar.

Nos parece evidente que sí. No porque lo digamos nosotros, sino porque así lo ha dejado claro, con sus palabras y decisiones, la nueva Generalitat. Es sabido que el nuevo president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterado su desprecio a la Constitución, el Estado de derecho y a los españoles, con sus reiterados escritos de tintes racistas y xenófobos.

Además, ha manifestado reiteradamente su intención de vulnerar el Estado de derecho estableciendo la república y recuperando las leyes de «desconexión», declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (por unanimidad), digan lo que digan los no independentistas, que por cierto son mayoría en la urnas. La nueva vicepresidenta Artadi ha declarado que no renuncia a la vía unilateral ni a «aprovechar debilidades del Estado».

MÁS ALLÁ de las declaraciones, se han producido nombramientos como el de Antoni Molons, imputado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por malversar caudales públicos destinados a financiar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Además, la primera medida del Govern de Quim Torra ha sido destinar 20 millones adicionales a TV3, el altavoz mediático del procés y del referéndum ilegal.

ERC y PDeCat (la antigua Convergència, ahora el partido del fugado Puigdemont) votaron la moción de censura que permitió a Sánchez hacerse presidente sin pasar por las urnas. Resulta evidente que estos votos no eran gratis. Sin embargo, lo que no esperábamos era que el pago fuese tan rápido a cargo de los impuestos de todos los españoles, que tendremos que ver cómo el golpe a la democracia vuelve a comenzar.

España no puede ser derrotada por quienes vulneran sus leyes: si el Estado renuncia a defenderse y decide suicidarse; si continúa la renuncia abyecta a la existencia del Estado en la comunicación, en hacer que las leyes y la Constitución se cumplan; si continúa el comportamiento vergonzante de ciertos supuestos progresistas para los que todo es justificable si es contra España. Nos tememos que esta concesión a Torra y Puigdemont no sea más que una en una larga lista de renuncias del Estado a ejercer su función en Cataluña. Desde aquí nos comprometemos a hacer todo lo posible por luchar contra tal renuncia.

Luis Garicano es responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos. Francisco de la Torre es diputado de la misma formación y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso.