El atrincheramiento de Sánchez ya no es cuestión política, ni ideológica, sino penal, de mera autodefensa. Quizá siempre fue así, aunque la mayoría de los españoles no lo supiese cuando se dejó arrastrar a una polarización cívica extrema. El muro se ha transformado en búnker pero ahora la resistencia no es contra una derecha cuya oposición se limita a comentar la prensa con mayor o menor fortuna dialéctica: se trata de esconderse de la justicia, de esquivar el torrente de sospechas que presagia un futuro de condenas. El poder como última barrera frente a una realidad que poco a poco emerge de las cloacas a golpe de evidencias para situar a la opinión pública ante el escalofriante cuadro de una trama de corrupción incrustada en la cúpula del sistema.

La búsqueda desesperada de apoyos parlamentarios no es más que el primer paso de una estrategia destinada a acabar en manos de los letrados. El presidente necesita aferrarse al cargo para seguir contando con los recursos defensivos del aparato del Estado. La abogacía oficial, la Fiscalía, los aforamientos, el Tribunal Constitucional como ‘ultima ratio’ en la que apoyarse en caso de que los juicios en ciernes arrojen veredictos aciagos. La llave de este mandato está ya en los tribunales, no en el Congreso de los Diputados, y la suerte del Ejecutivo consiste en que los ropones están sujetos a unos plazos procesales necesariamente largos porque ellos sí respetan las garantías del ordenamiento democrático.

De ahí que la reforma judicial, entendida como un asalto a la independencia de poderes, se haya convertido para el sanchismo en el asunto más apremiante. Le urge consolidar a los jueces sustitutos, reducir la exigencia del acceso a la carrera, eliminar las acusaciones populares y, sobre todo, entregar la instrucción de los sumarios –y el control de las unidades policiales de investigación– a los fiscales. No hay casualidades: el acelerón del proyecto está en relación directa con el afán de frenar o entorpecer los trámites procesales –los que están en marcha y los que vienen de camino– antes de que sea tarde. Incluso a costa de desencadenar un imprevisible y gravísimo choque de legitimidades.

Claro que para eso tiene que aguantar, y cada día se hace más difícil el esfuerzo, o en el más desfavorable de los supuestos procurarse un sustituto de confianza, un ‘proxy’ que mantenga el ‘statu quo’ durante un cierto tiempo y asegure cobertura institucional en los procesos que involucran al partido y al Gobierno. El trío del Peugeot está desahuciado como carnaza para los leones del Supremo; la prioridad reside en construir cortafuegos alrededor del cuarto pasajero… y si es posible de sus familiares directos. El problema es que ese objetivo de salvar a Pedro por cualquier medio va a convertir el resto de la legislatura en un desafío abierto a los mecanismos esenciales del Estado de derecho.