- Con unas elecciones generales quedaría zanjado el debate sobre la responsabilidad política del presidente Sánchez y España dejaría atrás estos años de encanallamiento de la política.
“Hay tres responsabilidades políticas y las asumo todas. La primera es la de actuar cuando se conoce un hecho de esta gravedad. La segunda colaborar con la justicia. Y la tercera trasladar a la ciudadanía esas disculpas, ese perdón y asegurarles que el Gobierno va a seguir avanzando con su agenda de trasformación”. Es lo que dijo el presidente en la rueda de prensa del pasado jueves 12 de junio.
Son propósitos loables, sin lugar a dudas. Pero eso no es asumir la responsabilidad política. A su famoso Manual de resistencia, carta de navegación de su paso por la vida pública, parece que le falta precisamente el capítulo de la responsabilidad.
Tal vez no sea ocioso completarle con algunas precisiones.
Pedro Sánchez reconociendo que no adelantará las elecciones por si gana otro. pic.twitter.com/LE9z0VcSh1
— Partido Popular (@ppopular) June 16, 2025
El informe de la UCO conocido en la noche del 11 de este mes contiene denuncias de graves irregularidades presuntamente cometidas, entre otros, por altos cargos del Gobierno que al mismo tiempo son dirigentes del partido socialista. En lugar de acudir inmediatamente a las Cortes como corresponde en una democracia parlamentaria, el presidente convocó una rueda de prensa y la celebró en la sede del PSOE para significar, incluso visualmente, que tales denuncias no afectan al Gobierno, sino que son cuestiones internas de partido.
Ciertamente las denuncias de aquel informe suponen un gravísimo problema para la dirección del Partido Socialista, que este deberá resolver de acuerdo con sus reglamentos.
Los socialistas tendrán que decidir en el Comité convocado si exigen responsabilidades a sus dirigentes o si la gestión de estos merece apoyo y el habitual aplauso: una decisión trascendental en este caso que hará historia en un partido centenario y que, sea cual sea, afectará a la propia salud de nuestro sistema constitucional.
Pero los hechos denunciados no son cuestiones que afecten únicamente a la vida interna de un partido. El informe se refiere a actuaciones de algunos altos cargos del Gobierno como (de momento) el ministro de Transportes, su jefe de Gabinete, algunos directores generales y el secretario de organización del PSOE, precisamente el encargado de negociar en Suiza con Puigdemont una parte capital del programa del Gobierno.
«Si el presidente, tras su meditación del fin de semana, ha optado por asumir su responsabilidad ante el Congreso, lo primero que tiene que hacer es informar a la cámara con rapidez, precisión y fidelidad de lo que, según la UCO, ha ocurrido en el seno de su Gobierno»
Hace bien el presidente en dar explicaciones a su organización y someterse a su veredicto. Pero en una democracia parlamentaria, ante hechos como los denunciados, la responsabilidad política se asume horizontalmente (acudiendo al Parlamento, como ha dicho este lunes que hará) o verticalmente (dando la voz a los ciudadanos).
Si no sigue una de estas dos vías, no puede decir con seriedad que asume su responsabilidad.
Si el presidente, tras su meditación del fin de semana, ha optado por asumir su responsabilidad ante el Congreso, lo primero que tiene que hacer es informar a la cámara con rapidez, precisión y fidelidad de lo que, según la UCO, ha ocurrido en el seno de su Gobierno.
Es el deber de transparencia y de verdad. En el parlamentarismo anglosajón lo denominan accountability; en Alemania utilizan el término Verantwortung, que significa defender o justificar una acción de forma que se dé respuesta a una acusación.
El examen de la responsabilidad política (en el sentido de la accountability) supone, en primer lugar, dar cuenta al Parlamento de todas las actuaciones gubernamentales que tengan relación con los hechos denunciados y que al parecer afectan a una serie de cargos de su Gobierno. Y debe hacerlo con rapidez, precisión y fidelidad, explicando desde cuándo conoce los hechos, qué metidas tomó y si las tomó tan pronto como tuvo la primera noticia de los mismos.
Pero además de esta obligación de informar rápida, precisa y fielmente al Parlamento, está la responsabilidad en sentido fuerte (responsibility). Esto es, asumir el eventual reproche del Parlamento que el Gobierno merezca tras aquella información en forma de censura, petición de dimisión, reprobación, etcétera.
Y no es ocioso recordar que un Gobierno es censurable no sólo por los actos y omisiones propias, sino también por las acciones y omisiones de sus subordinados (el ministro de Transportes, su jefe de Gabinete, los directores generales, etcétera). Lo será si se demuestra en sede parlamentaria que, tras conocer las actuaciones de estos, las autorizó, o las toleró, o no tomó medidas adecuadas e inmediatamente (Sir David Maxwell Fyfe, Ministerial Responsability)
Por eso es de todo punto obligado que el presidente aclare ante la Cámara cuándo conoció los hechos que denuncia la UCO, qué medidas adoptó y cuándo las tomó. Eso es asumir la responsabilidad política.
Y aunque este capítulo de la responsabilidad política no figure en su Manual de resistencia, es una convención largamente asentada en los sistemas parlamentarios que mentir a la Cámara es una de las peores ofensas que puede cometer un Gobierno.
En las Cuestiones de procedimiento para los ministros del Parlamento británico se establece que si un miembro del Gobierno engaña conscientemente al Parlamento, “la Cámara espera de él que presente su dimisión ante el primer ministro”.
Cuando la mentira es del propio primer ministro, el voto de censura es ineludible.
«Exigir, como ha hecho el presidente en la última rueda de prensa, que sea la oposición la que presente una censura es invertir la carga de la prueba y una forma de eludir la responsabilidad política»
Por mentir con su tesis tuvieron que dimitir en Alemania el ministro de Defensa, Karl-Theodor zu Guttemberg (1 de marzo de 2011) y la ministra de Educación Annette Shavan (de febrero de 2013).
Por mentir igualmente tuvo que dimitir en 2011 la vicepresidenta del Parlamento europeo Silvana Koch-Mehrin.
Y por haber mentido en una denuncia de robo de un bolso ¡hacía treinta y tres años! dimitió en 2024 en Inglaterra la secretaria de Transportes Louise Haigh.
El presidente puede consultar estas convenciones con su compañero, el premier Keir Starmer, quien restableció la misma regla en el Ministerial Code que aprobó en noviembre de 2024.
Así pues, si de verdad el presidente quiere asumir, como dijo, “todas las responsabilidades” y sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda exigir su partido, lo primero que debe hacer es acudir al Parlamento, dar puntual, precisa y fiel información de los hechos que denuncia la UCO y presentar una cuestión de confianza.
Allí nuestros representantes le dirán si su propia actuación merece o no reproche y si los diputados atienden o no a la petición de perdón que hizo en la rueda de prensa.
Exigir, como ha hecho el presidente en la última rueda de prensa, que sea la oposición la que presente una moción de censura es invertir la carga de la prueba y una forma de eludir la responsabilidad política.
Hoy por hoy estamos en un callejón sin salida. Porque ni Sánchez quiere dimitir o adelantar las elecciones, ni a sus socios les interesa que lo haga. Eso deja sin sentido la moción de censura con la que Vox pretende que se estrelle Feijóo https://t.co/LvaXmWjyDT
— Pedro J. Ramírez (@pedroj_ramirez) June 16, 2025
Pero, como se indicaba al principio, el presidente tiene a su disposición una vía alternativa a la parlamentaria. La vía vertical, de asumir su responsabilidad política: dar la palabra directamente a los ciudadanos. Los hechos denunciados tienen tal gravedad que ya han comenzado a aparecer voces que le reclaman la convocatoria de elecciones generales. No es sólo la voz de líderes de la oposición, sino también la de líderes que lo piden desde sus propias filas.
Unas elecciones generales supondrían el veredicto más concluyente sobre la responsabilidad política del presidente de Gobierno y de sus ministros. Seríamos los ciudadanos, no nuestros representantes, quienes emitiríamos formalmente el juicio último de responsabilidad política.
Con unas elecciones generales, quedaría zanjado el debate sobre la responsabilidad política del presidente Sánchez y su Gobierno, el partido socialista iniciaría una nueva etapa y España tal vez dejaría atrás estos años de polarización y encanallamiento de la política.
Así pues, si de verdad está dispuesto a asumir su responsabilidad política, el presidente sólo tiene dos caminos: acudir al Parlamento, dar las explicaciones pertinentes y ver si mantiene o no la confianza de la Cámara, o convocar elecciones generales para saber si los ciudadanos le damos el perdón que con tanta insistencia nos pidió en su rueda de prensa del día 12.
Horas después de aquella rueda de prensa el azar, que tanta presencia tiene en la vida personal y en la pública, reunió a algunas autoridades en el Palacio Real para celebrar el cuarenta aniversario de nuestro ingreso en la (entonces) CEE. En las fotos, junto a SM el Rey Felipe VI, aparecen António Costa, expresidente del Gobierno portugués, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.
En la foto aparece sonriente António Costa. Acusado sin fundamento por la fiscalía portuguesa, dio ejemplo de cómo se practica la responsabilidad política y dimitió el 7 de noviembre de 2023. Cinco meses más tarde los jueces le eximieron de todo tipo de responsabilidad penal y el 12 de junio asistía al Palacio Real como el nuevo y respetado presidente del Consejo Europeo.
A la izquierda de António Costa, en la misma foto, aparece serio y cabizbajo el presidente Sánchez; tal vez pensando en el lugar que le tiene reservado en este punto la historia. Ojalá acierte.
La foto, en todo caso, ofrece una excelente lección de lo que es y de lo que no es asumir la responsabilidad política.