VICTORIA PREGO
Hacen muy bien los señores Griñán y Chaves en acudir voluntariamente a declarar ante el Tribunal Supremo, que acaba de abrirles una causa para investigar su posible implicación en uno de los mayores episodios de corrupción de los últimos años, y mira que los ha habido grandes.
Hacen bien por varios motivos. El primero y principal es que de este modo tienen la posibilidad de aclarar las cosas y evitar finalmente que el Alto Tribunal decida imputarles de manera definitiva. El segundo motivo es que, si se negaran a acudir voluntariamente, el Tribunal Supremo acabaría obligándoles a presentarse de todo modos a prestar declaración, previa petición de suplicatorio al Congreso y al Senado. Con lo cual no habrían ganado nada más que extender la sospecha sobre la falta de limpieza de sus actuaciones, razón por la cual, se pensaría, se resisten a acudir ante la Justicia. Eso no les reportaría ningún beneficio sino todo lo contrario. Y el tercer motivo que hace aconsejable que anuncien su disposición a declarar voluntariamente es que envían un mensaje relativamente tranquilizador a su propio y angustiado partido, del cual ambos dos han sido presidentes.
Porque no es cosa pequeña que dos presidentes del Partido Socialista estén siendo investigados por los tribunales por el montaje de un sistema de subvenciones a empresas y a individuos de los sindicatos o, incluso, a cargos de la propia Junta de Andalucía o del PSOE. Una trama que funcionaba completamente al margen de la ley y con la que se esfumaron nada menos que 855 millones de euros. Pero es que los dos fueron también presidentes de la Junta de Andalucía, el lugar desde donde salía el dinero sin control. Su responsabilidad es por este segundo cargo pero el golpe al PSOE lo es también por el primero porque, desde Ramón Rubial, éste se consideró un puesto de honor que sólo ocuparían los muy honorables.
Susana Díaz y Pedro Sánchez han dicho que van a esperar a que el Tribunal Supremo decida imputarles o archivar su caso. Mientras tanto, tienen sobre sus cabezas una espada capaz de partirles por la mitad, a ellos y a sus proyectos de futuro, si finalmente los dos presidentes de la Junta y también presidentes del partido son juzgados.
Y aunque no lo sean, el hecho de que bajo sus mandatos se haya desarrollado una trama de corrupción como la de los ERE falsos mancha su reputación del tal manera que lo que no se comprende es que no hayan entregado el escaño y la militancia hace mucho tiempo. A la hora de asumir responsabilidades, los políticos no se pueden escudar tras las togas de los jueces. Tienen la obligación de dar cuenta a los ciudadanos y, antes que a nadie, a sus electores. Y, en este caso, solamente por no haberse enterado –eso, en la mejor de las hipótesis– de lo que se cocía unos despachos más allá, deberían estar ya fuera de la política. La condena social ha caído justamente sobre ellos. Como poco, por haber tolerado durante la friolera de doce años que el dinero público fuera a enriquecer clandestinamente y a discreción los bolsillos de unos cuantos. Ahora queda que la Justicia hable pero la otra sentencia, la de la opinión pública, ya ha sido dictada.