La pregunta es en qué ha cedido su nuevo socio, salvo en dejar de llamarle Juanma Moruno, como Abascal, o Moreno Bonilla, como la izquierda. Y la respuesta es nada, porque la reclamación inicial de tres consejerías sólo era una táctica negociadora en el clásico tira y afloja de exigencias. El pacto es una copia de los rubricados en las autonomías extremeña, castellana y aragonesa, algo descafeinado en el preámbulo con algún párrafo sobre «la dignidad inherente a todo ser humano» y similares cautelas genéricas. Al final, el presidente tendrá lo que menos deseaba, un dirigente de Vox sentado en la mesa de San Telmo a su (ultra) derecha. Una incómoda presencia ajena rompiendo como mosca cojonera la atmósfera de cohesión interna y vigilando la observancia de la correlación de fuerzas. Y sobre todo, la sensación inocultable de haberse envainado la principal bandera con la que acudió a las urnas, la de un liderazgo transversal capaz de romper los bloques que envenenan la convivencia.

Por supuesto que el pacto es legítimo. Y los que menos lo pueden cuestionar son quienes han uncido su suerte a una alianza corrupta con los separatistas y con Bildu, a costa de amnistiar un golpe contra el Estado y sacar de la cárcel a una banda de asesinos. Cualquier reparo formulado desde el sanchismo está condenado al ridículo. Sin embargo Moreno es consciente, y se le nota en su lenguaje no verbal, de que ha doblado el brazo mucho más de lo que hubiese querido. Es muy probable que éste sea su último mandato –ya veremos si lo completa o está llamado a otro destino–y lleva a cuestas el sinsabor de una forzosa contradicción consigo mismo. Quizá pueda autojustificarse, de hecho ayer lo hizo, apelando al sentido de la responsabilidad frente al apego por los principios. El problema consiste en que si bien el ejercicio de la gestión pública requiere siempre una dosis de pragmatismo, la defensa de los principios también forma –o debería formar– parte esencial de la responsabilidad de un político.