Al poner pie en pared, Rajoy frenó en seco el proyecto independentista negociado, el de la sonrisa democrática, como decía entonces la propaganda indepe. La hoja de ruta pasaba por lograr una Hacienda catalana, una relación bilateral con el Estado y, finalmente, un referéndum acordado con el Gobierno central para ejercer el derecho a decidir y separarse de España «pacíficamente». Posteriormente la convocatoria de la consulta ilegal, la desobediencia a la legislación estatal y a las decisiones del Tribunal Constitucional, desembocaron en la proclamación de la república catalana, la huída y prisión del núcleo duro de los sediciosos y la aplicación del 155. El coste de defender la estructura del Estado nacido de la Transición, fue alto, pero logró frenar la escisión de una de las partes esenciales para la existencia de España como estado y nación. Nueve años después, el sanchismo está desmontando ladrillo a ladrillo la musculatura legal, política y judicial que impedía a una comunidad romper unilateralmente y escindirse del conjunto. A eso me refiero al hablar de la revolución sanchista.

El pacto de Illa entregando a la Generalitat una Hacienda propia catalana, el cien por cien de los impuestos, el blindaje de la inmersión lingüística, y futuro referéndum, es la pieza clave de la derrota del estado y pone en marcha, de nuevo, el proyecto escisionista que Rajoy frenó en 2015. El poder judicial fue un instrumento decisivo entonces para bloquear el separatismo, pero la revolución de Sánchez, está instaurando un nuevo enfoque judicial según el cual la justicia o es de izquierdas o no es. Pero, de momento, no se ve en el horizonte nadie, ni el el PSOE , ni en la oposición capaz de frenar la revolución sanchista.