Las próximas elecciones generales pueden ser constituyentes. O no, dependiendo de quién las gane. Una victoria de Sánchez con sus socios actuales –y no tiene otros a su alcance– tendría muchas probabilidades de acabar en la revisión formal de las bases constitucionales para encajar las reivindicaciones de los separatistas vascos y catalanes. Si la presente legislatura se ha convertido en una deconstrucción subrepticia de los mecanismos de separación de poderes y de la arquitectura jurídica del Estado, la reedición de la mayoría gobernante carecería de obstáculos para establecer al menos ‘de facto’ un nuevo marco territorial que supere el modelo estatutario. Con el control del Tribunal de Garantías –se aproxima, quizá este mismo mes, un nuevo conflicto de legitimidades en el nombramiento de los nuevos magistrados–, el Ejecutivo estará en condiciones de dar ese paso que van a reclamarle sus aliados como condición inexcusable para renovar el pacto. Si es que no lo hacen antes de que acabe este mandato.

A este respecto resultan una ingenuidad las críticas que enfocan la derogación del delito de sedición desde el énfasis en las mentiras de un presidente acostumbrado a gobernar en una continua revocación de sus propias premisas. El factor ético está amortizado: hace mucho tiempo que al sanchismo dejó de importarle ese punto de vista, dedicado como está a consolidar con la extrema izquierda y el independentismo una coalición legislativa basada en el principio de ayuda recíproca, con vocación de permanencia en torno a un esquema de tintes confederalistas. El bloque Frankenstein no es una solución provisional a la precariedad parlamentaria sino un conglomerado electoral de naturaleza compacta, diseñado para transformar la estructura política e institucional de España. Con un programa de ruptura gradual que ante la falta de masa crítica para reformar la Carta Magna o redactar una de nueva planta proceda a soslayarla en la práctica. Una especie de ‘desconstitucionalización’ escalonada.

Es en ese contexto donde encajan las medidas de reinserción de los insurrectos. El blanqueo de los compañeros de viaje es condición imprescindible de ese frente ‘de progreso’ con el que Sánchez aspira a prolongar su proyecto. La colaboración de Esquerra y Bildu es para él mucho más importante que la de Podemos, un partido en evidente retroceso que en todo caso se conformará siempre con un papel subalterno. Los secesionistas son ahora interlocutores directos en la puesta en marcha del ‘procès 3.0’: un paulatino incremento de privilegios negociados en plano de bilateralidad, de Gobierno a Gobierno, a modo de mutuo tanteo con el horizonte entreabierto de alguna modalidad de referéndum a plazo medio. Un plan estratégico que va a tener en las urnas de 2023 –ó 24– la prueba de fuego. La cuestión es cuántos españoles acudirán a votar sin ser conscientes de ello.