Un día Rodríguez Zapatero, cuando entre los hierros reventados de los trenes de Atocha aún seguían apareciendo muertos, se creyó Martin Luther King y tuvo un sueño, uno de esos sueños de aspiración histórica que en realidad suelen soñarse despierto. Acabaría con ETA pactando con ella e incorporaría a su brazo político como una fuerza más de la izquierda. El siglo XX había terminado, el XXI requería un nuevo relato y el final del terrorismo sería el hecho fundacional sobre el que elaborarlo. Su llegada al poder era la señal para convertir la Transición en una reliquia, en un mito desfasado y volver al punto de partida de la ruptura a la que los padres constituyentes renunciaron: enterrar la reconciliación nacional y dar paso a un nuevo orden político basado en la victoria retroactiva, póstuma, sobre Franco. Se la debía a su abuelo y ése sería su legado. En él trabajó durante su doble mandato hasta que la crisis del sistema financiero le echó el plan abajo.

El sueño de Sánchez, en cambio, consistía sólo en alcanzar el poder y disfrutarlo pero no lograba captar la confianza de los votantes. Pablo Iglesias había encandilado a los perdedores de la recesión con sus propuestas radicales y el PSOE recelaba de sus audacias de ‘outsider’. Rubalcaba, que conocía el paño, advirtió en vano contra el Gobierno Frankenstein, pensando en Podemos y los sediciosos independentistas catalanes. Lo que entonces quizá nadie esperaba es que los legatarios etarras pasaran a formar parte estable de esa alianza, y menos que un líder socialista fuese a apoyarse en ellos para reescribir una fraudulenta ‘memoria democrática’. El arranque de una nueva legitimidad impostada sobre la premisa bastarda de la Transición como farsa. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido la pasada semana.

No se trata de un acuerdo puntual para sacar de un aprieto al Ejecutivo, sino de la consumación del proyecto revisionista dejado a medias por el zapaterismo: un sedicente frente ‘de progreso’ que incluya sin tapujos la despenalización moral de Bildu y aborde la mutación gradual del ‘régimen del 78’ en otro distinto. El primer paso fue el desmantelamiento del sustrato felipista y de cualquier tipo de oposición interna en el partido. El segundo, el actual, la redefinición del período constitucional a través de un giro falsario en el enfoque narrativo; el tercero, acaso definitivo, será una mutación de facto del orden jurídico, previo asalto a la cúpula del poder judicial con ayuda del nacionalismo. La honorable movilización de la vieja guardia carece de fuerza y de influencia para impedirlo; sólo una contundente mayoría electoral puede ya frenar este proceso deconstructivo y devolver la estructura institucional del Estado al cauce de equilibrio de donde nunca debió haber salido.