Jesús J. Hernández-El Correo
Marisa Guerrero Periodista y víctima de ‘Txeroki’ ·
- Habla de «descontrol absoluto» sobre lo que sucede con los reclusos de ETA que salen en semilibertad o por la aplicación del 100.2
Marisa Guerrero era delegada de Antena 3 en el País Vasco cuando ETA intentó asesinarla. Corría el año 2002 y la banda le envió un paquete bomba a su casa con un dispositivo similar al que habían usado unos meses antes contra Gorka Landaburu. Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, fue condenado por esos hechos en 2018 junto a otros dos miembros de la banda. Tras aplicarle el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, sale a diario para trabajar y colaborar con una ONG.
– Mucha gente no entiende que esté en la calle alguien condenado a cientos de años.
-Yo tampoco lo entiendo. Y quiero que la Audiencia Nacional me lo explique porque, incluso teniendo en cuenta los límites de condena y la reducción de las penas francesas, por mi atentado fue condenado en 2018 a 18 años de prisión. Ha cumplido por mi atentado cinco años y pico. No lo entiendo.
– ‘Txeroki’ acaba condena en 2027 pero sale a la calle a diario por el artículo 100.2.
– Yo me vengo oponiendo a la concesión de beneficios penitenciarios tanto a ‘Txeroki’ como a los otros dos miembros del comando que intentó asesinarme: Asier Arzalluz e Idoia Mendizabal. Hace poco me comunicaron que Arzalluz iba a salir en régimen de semilibertad y lo hacía a menos de 50 kilómetros de mí. Me puse en contacto con la dirección de la prisión -ubicada en Euskadi- y saltaron todas las alarmas.
– ¿Por qué?
– Por varios motivos. El primero: porque no tenían ni idea de mi sentencia. En el expediente de esta persona ni siquiera aparecía. En segundo lugar, tampoco conocían que existía una orden de alejamiento. Y tres, estaban contribuyendo a la comisión de un delito si lo hacían de esta manera.
– ¿Quién controla que no se infrinjan esas órdenes?
– El seguimiento o la monitorización de los etarras una vez que acceden a la semilibertad es nula. Pueden cometer un delito quebrantando las órdenes de alejamiento. Hablo de la mía pero hay muchas otras víctimas y nadie controla que eso se cumpla.
– ¿De quién es responsabilidad?
– Entiendo que de la consejería de Justicia y de la dirección de Prisiones. A mí la oficina de Víctimas me informa de cualquier cambio en relación a los tres etarras que intervinieron en mi atentado. Y me advierten de que «damos a aviso a la Ertzaintza» pero eso es igual a cero. ¿Van a poner una patrulla detrás de cada preso para monitorizar sus movimientos? ¿Saben si violan las distintas órdenes que tienen por diferentes atentados? No. Es un descontrol absoluto.
– La mayor parte de los presos de ETA en Martutene y Basauri salen ya a diario. Esta situación va mucho más allá de ‘Txeroki’.
– Evidentemente. El problema fundamental es la violación de las órdenes de alejamiento pero es que además, como bien ha denunciado Covite, tanto los terceros grados como el 100.2 se están otorgando de manera fraudulenta porque no cumplen los requisitos establecidos por la ley. Se están facilitando las salidas de cualquier manera. Sencillamente sucede porque hay un acuerdo político para que los presos de ETA estén cuanto antes en la calle. Ya lo dijo Otegi: pactaremos lo que sea a cambio de que estén en la calle. Presos a cambio de apoyo parlamentario a Sánchez. La pregunta es quién protege a las víctimas.
Sin arrepentimiento
– Hablamos en muchos casos de presos etarras no arrepentidos.
– Claro. El caso de ‘Txeroki’ es sangrante porque ha sido jefe militar de ETA y porque ha manifestado de forma clara y reiterada en todos los juicios su orgullo y su jactancia por pertenecer a la banda. ¿Quién cree que gente como él ha mostrado explícitamente su abandono de la violencia y de forma fehaciente su arrepentimiento? ¿Y que colabore con la Justicia sobre los 300 asesinatos sin resolver? Nadie se cree eso. Se incumplen, por tanto, los requisitos. Y con un agravante.
– ¿Cuál?
– Que las víctimas no tenemos la posibilidad de que se escuche nuestra voz en todas estas concesiones. Es una anomalía legal y lo ha dicho incluso el juez de vigilancia penitenciaria. Podemos manifestar nuestra oposición pero sin consecuencias. Sólo podemos recurrir en el último eslabón que es cuando llegan a la libertad condicional.
– Todo esto remueve mucho en el plano más personal.
– Sí, primero es incredulidad cuando te dan la noticia. Es como si te noquearan de nuevo. Me deja una sensación de indignación, indefensión, una impotencia y un desamparo infinitos. El Estado de Derecho que debería protegerte pone una alfombra roja a los terroristas para que puedan salir. Y hace que puedan acercarse a tu entorno. Es una revictimización insufrible para mí y para tantas otras víctimas.
Guerrero escribe al juez de vigilancia: «Es injusto y prematuro»

«Me dirijo respetuosamente a este juzgado para manifestar mi firme oposición a la concesión de cualquier beneficio penitenciario a Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’». Con estas palabras comienza el escrito que ha dirigido al juzgado de Vigilancia Penitenciaria Marisa Guerrero y al que ha tenido acceso EL CORREO. «El régimen de semilibertad supone un profundo dolor y una revictimización insoportable» y, a su juicio, resulta «prematura e injusta». Guerrero, que recuerda que se pueden presentar alegaciones «cuando dichas resoluciones puedan suponer un riesgo para la seguridad», reclama también que se valore «el daño a la víctima, además del comportamiento del reo».