En una comparecencia pública en San Sebastián, el ex candidato resaltó que las decisiones en cadena de la Junta Electoral, del juez de lo Contencioso y del Constitucional le mantienen inhabilitado para ejercer el derecho al sufragio pasivo –es decir, ser votado, porque el derecho a votar no se pierde–, pero no para acceder a un empleo o cargo público. «Podría ser consejero, por ejemplo», precisó Otegi.
La condena al dirigente abertzale por el caso Bateragune (el intente de reactivar la ilegalizada Batasuna) tenía tres partes: prisión de seis años y medio, inhabilitación para el sufragio pasivo «por el tiempo de condena» e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años y medio.
La prisión terminó de cumplirla el pasado mes de marzo. Según la tesis de Otegi, con esa excarcelación concluía igualmente la inhabilitación para ser votado, ya que se trataba de una pena accesoria que sólo dura lo que dura la principal. Pero cuando en 2013 hizo las cuentas, la Audiencia no lo calculó así, sino que la extendió hasta 2021. Otegi no recurrió entonces ese cálculo, motivo por el que el Constitucional dijo el pasado martes que ya no había nada que recurrir. La inhabilitación de sufragio pasivo, estuviera o no bien calculada, ya es inamovible.
Zanjado ese apartado de la condena, Otegi se ha fijando en el tercer punto, el de la «inhabilitación especial para empleo o cargo público». Ésta sí que dura –sin que nadie lo discuta– hasta 2021, y en principio le impediría acceder en los próximos años a puestos como el de consejero en un gobierno abertzale.
Pero Otegi es optimista porque confía en que esa inhabilitación siga el mismo destino que el del actual parlamentario autonómico Iker Casanova: que no se pueda aplicar de forma efectiva. El motivo es que el Código Penal establece que en las sentencias «habrán de especificarse» los cargos a los que se inhabilita.
La Fiscalía reconoció en el caso de Casanova que esa concreción es «de todo el punto necesaria», según la ley y «una jurisprudencia constante». Recientemente el Supremo aclaró in extremis su propia sentencia de las herrikos porque no había indicado los cargos a los que inhabilitaba. «Deberán especificarse los cargos o empleos sobre los que recae la inhabilitación, en virtud del principio de interpretación restrictiva de la pena», dijo el auto de aclaración del Supremo.
A Otegi le bastaría con que esa frase siguiera siendo cierta en su caso. Pero es consciente de que si aspirase a un empleo o cargo público habría batalla jurídica: «Dicho esto, me imagino que alguien estará corriendo mirando la jurisprudencia a ver si lo puede evitar de alguna manera. Por eso, tampoco quiero dar pistas», dijo, después de haber dado ya la pista.