El mismo día en que se cumplía un año del inicio de las diligencias previas sobre Begoña Gómez, que provocó el retiro espiritual de Pedro Sánchez de cinco días, el togado volvió a La Moncloa. El triministro tenía que aclarar, en calidad de testigo en la pieza separada abierta por malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez, secretaria personal de Begoña Gómez, quién y por qué se contrató a esta asesora que terminó asistiendo a la esposa del presidente del Gobierno en sus negocios privados de falsas cátedras.

La de ayer fue la segunda vez que el juez volvía a La Moncloa. El pasado mes de julio acudió para tomar declaración a Pedro Sánchez, que se reservó su derecho a no declarar por su vinculación con la investigada, que es su esposa. No parece, sin embargo, que la investigación esté avanzando mucho con declaraciones de testigos como las de ayer del ministro Bolaños. Porque el interrogado se lavó las manos como Pilatos, ahora que estamos en calendario bíblico. ¿Quién contrató a la funcionaria que acabó apoyando negocios indebidos? Él, no. ¿Quién controlaba sus cometidos? Bolaños apartó ese cáliz mientras intentaba quitar importancia al desempeño del trabajo de una asesora personal ya que otras esposas de presidentes anteriores también utilizaron asistentes de libre designación. Cierto. Pero no para los mismos fines. No para hacer negocios privados. El juez ha visto numerosos correos de la asesora en cuestión vinculados a la actividad lucrativa de la esposa de Sánchez, incluidas las peticiones de fondos a firmas privadas.

Por eso, lo que investiga el juez no es la titularidad de ese puesto sino su utilización en los negocios particulares de la esposa del presidente. En ese cometido, desde luego, no existen precedentes. Pero el ministro Bolaños, que se desvinculó de cualquier responsabilidad en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez cuando él era secretario general de Presidencia, en 2018, se limitó a decir que su contratación fue conforme a la ley. Pero eso tendrá que decidirlo el juez, que todavía no ha despejado la incógnita.

Al otro lado de La Moncloa, a pie de micrófonos, sus compañeros de fatigas en el Consejo de Ministros Grande Marlaska y Luis Planas seguían desacreditando al juez recurriendo al mantra oficial de ‘no hay caso’. Una forma muy peculiar de colaborar con la Justicia. No parece que al Consejo de Europa, que acaba de criticar las injerencias del Gobierno en la Justicia diciendo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho caso omiso a sus recomendaciones para fortalecer la independencia de jueces y fiscales, le vayan a parecer pertinentes las declaraciones de estos ministros.