El PNV ha conseguido este martes que el Congreso de los Diputados tome en consideración una proposición de ley encaminada a someter al Centro Nacional de Inteligencia a una supervisión política más estricta y a reforzar su tutela judicial.

No es novedad la insistencia de los nacionalistas vascos en poner en la picota al CNI. Un empeño que evidentemente no está animado por un celo sincero por la rendición de cuentas de los servicios de inteligencia ante el Parlamento.

Lo que sí es nuevo es el apoyo del PSOE a la toma en consideración, que hasta ahora había bloqueado. Y a menos que se trate de un nuevo cambio de opinión del Gobierno, que el grupo socialista haya levantado el veto a esta iniciativa apunta a una nueva claudicación como pago a uno de los integrantes de la quebradiza mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez.

El PNV ha invocado el caso Pegasus como la motivación que obliga a fiscalizar más estrechamente la actividad del CNI con una nueva ley. Aún siguen coleando las revelaciones de 2022 sobre el uso del Gobierno del software de vigilancia, que los socios independentistas de Sánchez han venido explotado como abono de su narrativa de una persecución del independentismo por las «cloacas del Estado», a través de espionajes supuestamente irregulares.

El Gobierno ha intentado resarcirse desde entonces ante sus socios, después de que reconociera que infectó con el malware espía los dispositivos de una decena de líderes del procés investigados. Primero entregó la cabeza de la entonces presidenta del CNI, Paz Esteban. Y en 2022, la Mesa del Congreso presidida por Meritxell Batet acabó con la convención vigente en la Cámara desde 2004 que negaba a los partidos separatistas el acceso a la Comisión de Gastos Reservados, llamada informalmente comisión de secretos oficiales.

Además, ERC le arrancó a Sánchez, a cambio del apoyo a su investidura, la creación de una comisión de investigación sobre el caso Pegasus. Y el pasado diciembre, el Congreso aprobó que los portavoces de Junts, ERC y Bildu fueran incluidos en la de secretos oficiales.

Los integrantes de esta comisión están autorizados a acceder a materias clasificadas como secretas, reciben información del Gobierno sobre el uso de los fondos reservados y pueden controlar las actividades de los servicios de inteligencia. El texto del PNV de este martes reafirma la potestad de estos diputados para conocer los medios utilizados por el CNI en sus intervenciones.

No se trata únicamente de que la reforma registrada vaya a redundar en un entorpecimiento de las actuaciones de los servicios de inteligencia y en un menoscabo de su eficacia.

Reforzar el control del CNI por una comisión en la que están representados partidos secesionistas es el último estadio del desmantelamiento de la estructura de seguridad a la que se está prestando el Gobierno.

Si hasta ahora había regido el acuerdo tácito entre PSOE y PP para restringir la información reservada a los partidos constitucionalistas, es porque se entendía que resulta peligroso hacer partícipe de los secretos de Estado a unas formaciones cuyo objetivo declarado es la desmembración de ese mismo Estado.

Este Gobierno acostumbra a confundir sus intereses coyunturales con las razones. Pero no debe olvidar que el núcleo de la inteligencia nacional no puede estar en subasta, sino a resguardo de quienes se muestran en habierta hostilidad contra el interés general del país.