Las sucesivas comparecencias parlamentarias de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la directora del CNI, Paz Esteban, previstas para el miércoles y el jueves de esta semana, se han convertido en claves de la supervivencia del Gobierno, ya muy tocado por el deterioro de la economía y el empobrecimiento de la población derivado de la espiral inflacionista y otros efectos de la guerra de Ucrania. 

En la sesión plenaria del miércoles, la ministra aprovechará su comparecencia sobre la llamada ‘brújula estratégica’ (seguridad y defensa de la UE) para defender el trabajo de los servicios secretos, clavetear su compromiso con el Estado de derecho y remitirse a las explicaciones posteriores de la directora del CNI en la comisión de control de créditos para gastos reservados, más conocida como de secretos oficiales. 

Solo por guardar las formas se apela al «deber de reserva». Obliga a los 10 miembros de la comisión. Entre ellos, seis declarados enemigos del vigente orden constitucional. Las filtraciones están garantizadas. Así que no tardaremos en saber que a los desafectos les habrán parecido insuficientes las explicaciones y el manejo de las fotocopias (no los originales) de las órdenes judiciales que acreditan la legalidad de operaciones de espionaje temporal y selectivo (nunca masivo e indiscriminado, como se dice de forma recurrente), destinadas a prevenir la comisión de delitos contra el orden constitucional. 

La directora del CNI descorchará las verdades del barquero sobre Pegasus y el cínico victimismo de los independentistas 

También sabremos que la directora del CNI habrá descorchado unas cuantas verdades del barquero sobre las chapuzas del informe de Citizen Lab (Universidad de Toronto), el cínico victimismo de los independentistas y una parte del Gobierno (la ministra Belarra sigue pidiendo que rueden cabezas), así como la temeraria alegría con que se ha venido endosando al Estado la autoría de las ‘infecciones’ de teléfonos usados por dirigentes políticos y sociales del secesionismo catalán. 

Se han disparado todas las alarmas sobre la descomposición del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y el bloque de investidura que lo sostiene. El riesgo nunca fue tan alto, con una dramática coincidencia entre el caso Pegasus, que rompe unas alianzas plagadas de contradicciones, y la frustrada recuperación económica. Todas las previsiones han ido a peor en el cuadro enviado a Bruselas.

En la parte mayoritaria del Gobierno, el expediente Pegasus está contribuyendo a desactivar la ‘alerta antifascista’, que es el comodín al que se aferran rufianes, otegis y belarras como el tambaleante asidero de la ecuación Frankenstein. Y es notable cómo el efecto Feijóo ha disparado lo que ya cursa en circuitos políticos y mediáticos como la inevitabilidad de un giro a la derecha de la política nacional. 

En las filas socialistas, el caso Pegasus desactiva la ‘alerta antifascista’, el tambaleante asidero de la ecuación Frankenstein 

Prácticamente, todas las encuestas cantan la mayoría absoluta de una alianza del PP con Vox en la próxima legislatura, de la que Andalucía sería su inminente pregonera. Unos la desean. Y otros la temen, aunque la usen como palanca de sus exigencias. Pero ambos la han incorporado a su argumentario. Y todos la utilizan maliciosamente. 

Véase cómo el ‘facha’ Abascal y el ‘separatista’ Rufián, apareados en el inconsciente de Pedro Sánchez (¿algo más que un ‘lapsus linguae’?), coinciden en atribuirle el inconfesable objetivo de acabar encamado con el PP de Feijóo.

¡Qué tramposa es la política!