EL PASADO sigue atormentando el presente del Partido Popular. La severa sentencia de la Audiencia Nacional correspondiente a la primera época del caso Gürtel, que abarca la etapa entre 1999 y 2005, acredita que el PP dispuso de una caja B –tal como reveló EL MUNDO– y que se benefició del entramado empresarial de Francisco Correa. No se cometieron actos aislados o al margen de la cúpula del PP, tal como alegó su defensa durante el juicio, sino que esta formación se lucró de comisiones ilegales a empresas a las que luego beneficiaba con adjudicaciones públicas. Y, con el dinero recaudado, infló sus campañas electorales y articuló una contabilidad paralela. Se trata de un procedimiento inaceptable, reprobable y extraordinariamente grave que daña la credibilidad de Mariano Rajoy y ahonda en la erosión de una organización política incapaz de zafarse de la pesada losa de la corrupción.

La condena a los populares a título lucrativo es la primera que recibe un partido político en bloque en nuestra democracia, lo que eleva la exigencia de responsabilidades políticas. Es cierto que el magistrado Ángel Hurtado, en su voto discrepante, defiende la absolución del PP. Sin embargo, estamos ante una sentencia que golpea al corazón de un partido que, a tenor de la sentencia, casi desde su refundación amparó un albañal de irregularidades alrededor de sus finanzas. La red encabezada por Francisco Correa –condenado a 51 años de prisión– se estableció en el PP a principios de los 90 e intensificó su actividad a partir de 1996, coincidiendo con la llegada de Aznar al Gobierno. Sus sociedades de organización de eventos percibieron 8,4 millones de euros entre 2000 y 2008 en contratos públicos a precios muy superiores a los de mercado y logró 2,85 millones por intermediar ante la Administración en favor de empresas ajenas. En este entramado, según la sentencia, la pieza clave era Luis Bárcenas. El ex tesorero de los populares, condenado a 33 años y una multa de más de 44 millones, evadió seis millones en impuestos y se embolsó más de un millón de euros en comisiones por facilitar contratos públicos a empresarios que le presentó Correa.

El relato de los hechos probados resulta demoledor. La Audiencia Nacional sostiene que la red Gürtel tejió «una estructura de colaboración estable con el PP» orientada a la prestación de servicios y, en paralelo, creó «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local». Parte del dinero con el que se benefició Génova fue a parar a gastos electorales y como donaciones finalistas a la caja B, que será juzgada en una causa aparte. Por tanto, el tribunal confiere total credibilidad a los apuntes de Bárcenas. De hecho, la Sala fecha en 1989 el origen de una estructura financiera y contable paralela a la oficial en Génova, lo que contradice de plano lo que Mariano Rajoy expuso ante el tribunal. «Su testimonio no es verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido», indica el fallo.

La dureza de las penas impuestas, que se sitúan en la horquilla máxima que corresponde a los delitos enjuiciados, revela el lodazal de corrupción que erosiona los cimientos de Génova. En todo caso, contrasta con la levedad de las condenas resultantes de escándalos de financiación ilegal que han salpicado a otras formaciones, como el caso Filesa en el PSOE o el del 3% en Convergència. Ambos se saldaron con penas mucho menores.

La dirección del PP anunció que recurrirá la sentencia. Está en su derecho. Políticamente, Rajoy no puede seguir echando balones fuera sobre unos hechos que constituyen un oprobio para el primer partido de España. Al margen de los pasos de la oposición, haya o no moción de censura, la regeneración exige que el PP haga acto de contrición de sus actos y asuma sus responsabilidades.