El sistema de las pensiones necesitaba reformas. Era una evidencia que los datos demostraban y que la Unión Europea exigía. El desencuentro entre los ingresos y los gastos era y es, abultado y creciente por culpa de unos gastos que no cesan de subir -ya sabe, la esperanza de vida se alarga, los nacimientos se estancan y los nuevos entrantes en el mercado de trabajo obtienen salarios menores que las pensiones que cobran lo que salen de él-, mientras que los ingresos no suben porque creamos empleo a un ritmo menor del necesario. Hasta ahora, la quiebra se ha evitado al entubar las cuentas con la respiración asistida de los presupuestos generales.

Pero cada día es más obvio que era necesario acometer una reforma en profundidad que despejase su horizonte financiero. Una obviedad cuantitativa reforzada con la exigencia europea de acometerla antes de acceder a la totalidad de los fondos europeos prometidos. Puesto a ello, el Gobierno empezó por lo fácil, por las fases del contento y del agrado, cuya cúspide fue el olvido de cualquier mecanismo de autoequilibrio basado en cálculos actuariales y la promesa de ligar la subida de las pensiones con la evolución del IPC. Mala suerte. La inflación del primer año está siendo la peor registrada en décadas, lo que cifra el incremento del gasto de la promesa realizada en más de 15.000 millones de euros solo para este año. La pensión máxima será superior a los 3.000 euros en 2023, lo que se compara con envidia con el salario medio, en 2021, que se quedó en unos lejanos 2.236 euros.

Ahora queda la fase desagradable en la que el ministro Escrivá ha conseguido concitar la oposición de todos los implicados en la solución. Los sindicatos se oponen al aumento de los años de referencia para el cálculo de la pensión, a pesar de que tal exigencia ha sido edulcorada con la posibilidad de excluir los dos que resulten menos favorables para el perceptor. A la patronal no le gusta la indexación de las cotizaciones con el IPC, agravada con un porcentaje que nadie sabe de dónde sale ni qué justificación tiene. Y teme que ese aumento de las cotizaciones penalice la creación de empleo -el encarecerlo-, y las exportaciones, al ser un concepto excluido de los ajustes fiscales en frontera. Ni siquiera le gusta a la vicepresidenta segunda, que se alinea con los sindicatos en contra de su colega de gobierno. Así que, a partir de ahora, el ministro solo puede mejorar su situación, dado que los apoyos a su reforma no pueden mermar.