Víctor de Aldama ha afrontado su tercer asalto contra el PSOE, esta vez como investigado en el Tribunal Supremo, con la pretensión de haber aportado el material probatorio que el presidente del Gobierno le retó a mostrar, cuando calificó de «inventada» las acusaciones lanzadas por el empresario en su confesión ante la Audiencia Nacional el pasado noviembre.
Aldama también quería contradecir la versión dada por José Luis Ábalos ante el juez instructor del caso Koldo el viernes pasado. El exministro negó la veracidad del listado de contratos a grandes constructoras, supuestamente «pre-adjudicados» por Ábalos a cambio de comisiones ilegales, que el empresario aportó ante el Alto Tribunal. Y responsabilizó a sus subordinados de las modificaciones millonarias en el presupuesto de las obras.
En cambio, Aldama se ha reafirmado en que Ábalos y Koldo García cobraron mordidas por el amaño de licitaciones, que ha cifrado en «en 3,5 o cuatro millones». Y como prueba, ha entregado este lunes en el Supremo una nota manuscrita, según parece de Koldo en 2019, que refiere adjudicaciones irregulares de obras públicas del Ministerio de Transporte.
En el interrogatorio, el considerado por la UCO «nexo corruptor» de la trama Koldo ha insistido también en que, además de al exministro y su asesor, pagó 15.000 euros a Santos Cerdán, y que Ángel Víctor Torres pidió una comisión de 50.000 euros.
Es evidente que Aldama está decidido a llevar hasta el final su pulso con el PSOE. Y que seguirá dosificando las evidencias que puedan comprometer al partido, con más ahínco cuanto más reincida Ferraz en negarle.
Por eso, el PSOE no puede enriscarse en su estrategia de despachar las acusaciones de Aldama como simple charlatanería de un mentiroso. Ni invocar las filiaciones políticas privadas del comisionista, o aspectos anecdóticos como la encomienda de su escolta al líder de Desokupa, como demostraciones de sus motivaciones sedicentemente deshonestas.
En primer lugar, porque aunque Aldama no fuera capaz de probar las denuncias que permanecen ayunas de refrendo fáctico, las acusaciones que hasta ahora se han demostrado referidas a hechos incontrovertibles deberían ser suficientes para que cualquier partido político en un sistema democrático diera explicaciones convincentes.
Pero, principalmente, porque todos los hechos relatados verosímilmente por Aldama convergen en el PSOE.
Primero, los 90.000 euros que la empresaria Carmen Pano, detenida este lunes por la UCO, aseguró a EL ESPAÑOL haber entregado en la sede de Ferraz por orden de Aldama.
Segundo, el hecho de que sea la era Ábalos en el Ministerio de Transportes (2019-2021) la que albergó, según Aldama, el entramado de comisiones ilegales a través de licitaciones públicas. Es decir, que el núcleo del caso afecta al entonces secretario de organización del PSOE.
Tercero, la circunstancia de que el otro gran señalado por Aldama sea justamente el sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE.
Cuarto, el irrefutable y nutrido soporte fotográfico que demuestra que el comisionista tenía acceso preferente al secretario general del PSOE, a la sede del partido y hasta a su zona noble. Y, según afirmó Aldama a EL ESPAÑOL, también al despacho del entonces ministro de Transportes.
Y, por último, la revelación (corroborada por Carmen Pano) de que «el 1 ó 1,5%» de las comisiones presuntamente pagadas por las constructoras adjudicatarias de contratos de Transportes «iba para el partido».
La constatación de que el PSOE mintió al aseverar que Aldama nunca estuvo en Ferraz bastaría por sí misma para que el partido exigiera dimisiones. En ausencia de esta elemental deferencia, al menos cabe instar al PSOE a que refute con datos las imputaciones por el caso Koldo, una vez evidenciado que el empresario recibía un trato privilegiado en la organización.
Cuando la Justicia se dispone a investigar al PSOE por presunta financiación ilegal, debería ser una prioridad para el partido despejar todas las sospechas que inviten a pensar que ha reincidido en el desafuero por el que fue condenado en el caso Filesa.