Los beneficios extraordinarios desempeñan un papel importante dentro de nuestras economías: señalizar a qué sectores ha de afluir el capital para aumentar la producción y recompensar a aquellos inversores que inmovilicen su capital en ellos. Justamente, estamos atravesando un periodo de alta inflación que algunos gustan de atribuir en exclusiva a los cuellos de botella: es decir, a la insuficiente capacidad productiva de ciertos bienes o servicios en relación con la demanda. Por ejemplo, los altos precios de los carburantes tienen mucho que ver con la falta de capacidad de refino y la falta de capacidad de refino tiene que ver con la insuficiente inversión en refinerías durante muchos años: de ahí que ahora el sector del refino disfrute de beneficios extraordinarios y de ahí que esos beneficios extraordinarios sean una señal y un incentivo necesarios para estimular un incremento de la inversión que aumente la capacidad de refino.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha optado por sancionar fiscalmente los beneficios extraordinarios del sector energético y del sector financiero. Como Willie Sutton, quien robaba bancos porque en los bancos estaba el dinero, Sánchez sube impuestos a energéticas y bancos porque allí es donde está ahora el dinero: “Este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos”. Pero, al hacerlo, reduce la señal y los incentivos necesarios para incrementar la inversión en España dentro de esos sectores: ¿para qué destinar más capital a refinerías o a financiar nuevos préstamos si tales ganancias estarán extraordinariamente penalizadas?

Se dirá que la teoría puede estar muy bien, pero que, en la práctica, estos sectores operan en régimen de oligopolio dentro de nuestro país y, en consecuencia, no cabe esperar en absoluto que las ganancias extraordinarias se traduzcan en un incremento de la capacidad productiva dentro del sector. Justamente, los oligopolios se caracterizan por lucrarse estancando la oferta, así que no serán ellos mismos quienes decidan matar su gallina de los huevos de oro. Y el argumento puede que tenga su gran parte de razón, pero en tal caso la respuesta política no debería ser subir los impuestos, sino modificar las regulaciones para permitir una mayor competencia dentro del sector.

No en vano, si partimos de la base de que ambos sectores, el energético y el financiero, son oligopolios, entonces la probabilidad de que trasladen buena parte del nuevo impuesto extraordinario a los consumidores es alta. Cuanto mayor sea la inelasticidad de la demanda y mayor sea la elasticidad de la oferta, mayor será la capacidad de estos sectores de endosar su carga fiscal sobre los usuarios. Y claramente la demanda de electricidad, de gas o de carburantes puede ser bastante inelástica, mientras que la oferta, si estamos hablando de un oligopolio con capacidad para manejar la cuasi totalidad de la oferta del mercado, será bastante elástica. Por tanto, si se trata de oligopolios, el sesgo será claramente a imputárselo al usuario (o, mejor dicho, al usuario o a otros ‘stakeholders’ que, como los trabajadores, se relacionen mercantilmente con las empresas afectadas).

De poco sirve que el Gobierno pretenda prohibir por ley que energéticas y bancos trasladen el tributo a los ciudadanos. En su mayor parte, se trata de un fenómeno incontrolable: si los bancos suben dentro de unas semanas los tipos de interés de sus préstamos, o si las refinerías incrementan aún más sus precios, ¿cómo saber si esas fluctuaciones de precios son imputables a las condiciones de mercado o a una traslación del impuesto? En el caso de los tipos de interés, por ejemplo, estos no dependen únicamente del coste al que hoy se puedan financiar los bancos, sino de las expectativas de cuáles van a ser los tipos de interés futuros. ¿Cómo va a controlar el Gobierno o la CNMC cuáles son las genuinas expectativas de los bancos sobre el coste al que van a poder financiarse durante los próximos lustros?

En suma, si el sector energético y el sector financiero son sectores competitivos, entonces gravar los beneficios extraordinarios es un error porque ralentiza el reajuste sectorial; si el sector energético y el sector financiero son sectores no competitivos, entonces gravar los beneficios extraordinarios es un error porque terminaremos pagándolo, en gran medida, todos los demás.