EL PAÍS 21/06/13
El informe señala que con dos millones más Becerril puede asumir la labor de sus 11 homónimos
La radiografía exhaustiva que el Gobierno tiene en su mano sobre la Administración española, que hoy viernes se conocerá, incluye un análisis económico de la institución del Defensor del Pueblo y sus homónimos en comunidades autónomas. El retrato y estudio tiene el objetivo de calibrar qué administraciones pueden eliminarse. Los expertos que han hecho el detallado informe concluyen que se ahorrarían 30 millones de euros anuales con la supresión de los 11 defensores del pueblo autonómicos. Estos pasarían sus competencias a la institución del Defensor del Pueblo que depende de las Cortes Generales y que actualmente dirige Soledad Becerril. La oficina del Defensor del Pueblo central, dependiente de las Cortes Generales, tiene la característica de que a la misma pueden dirigirse todos los ciudadanos españoles, a pesar de que en 11 comunidades autónomas existe la misma figura dependiente de su Parlamento. Por tanto, pueden dirigirse a ambas; y de hecho así ocurre.
Como tantos otros organismos de este estudio la decisión de la supresión de las instituciones del Defensor del Pueblo no está en la mano del gobierno central que dirige Mariano Rajoy sino en la voluntad de los parlamentos autonómps. En la práctica la última palabra la tienen los gobiernos regionales que, en su mayoría, están en manos del PP, con la exclusión de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canrias.
Antes de hablar de negociación, el Gobierno ofrece a los responsables autonómicos los datos de lo que podrían ahorrar si dejan en manos de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la tarea de defender a los ciudadanos de sus comunidades autónomas. En el informe se ha hecho el cálculo del ahorro que cada administración autonómica obtendría. Los 11 presidentes autonómicos tienen un presupuesto anual de 32,1 millones de euros, sumadas sus partidas, en tanto que el Defensor del Pueblo aprobó un presupuesto de 14,02 millones de euros para 2013. En una proyección de lo que gastaría el Defensor del Pueblo sin defensores autonómicos arroja un gasto de 16 millones y, por tanto, un ahorro de 30 millones de euros para las arcas autonómicas.
Los técnicos que han hecho el informe, y que el Gobierno asume, aseguran que con 20 técnicos más de los que ahora tiene, el Defensor del Pueblo supliría las plantillas de los defensores autonómicos. Todos ellos serían funcionarios y, por tanto, no habría que contratar a nadie, aseguran las fuentes consultadas de la administración. Actualmente la oficina del Defensor del Pueblo tiene una plantilla de 165 personas y tendría que pasar a 185. La plantilla total de los once autonómicos suma 346 empleados. El estudio marca el coste por queja de todas las defensorías. A la oficina de Becerril le cuesta 414,19 euros cada queja y a la autonómica 835,78. En 2012, en Madrid, la central, se recibieron 33.849 quejas y todas las demás sumaron 38.047. En la proyección realizada por los técnicos autores del estudio en el supuesto de que solo quedara en España una única institución resulta que se recibirían 70.000 quejas con un coste de 228,57.
De las once oficinas de Defensor del Pueblo es el Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, con 38 personas como empleadas y un presupuesto de 3,4 millones de euros, la que va a la cabeza en quejas con 11.901. Le sigue el Sindic de Greuges de Cataluña con 8.231 quejas y un presupuesto de siete millones y con 45 personas al servicio de la institución. El Defensor del Pueblo Andaluz recibió en 2012 un total de 7.239 quejas de las que se han encargado 70 personas y con un presupuesto de 5,1 millones. El Ararteko, Defensor del Pueblo del País Vasco, cuenta con 49 empleados para atender las 2.764 quejas que recibió en 2012 y cuenta con un presupuesto de 4,6 millones de euros. El Valedor do Pobo de Galicia recibió el pasado año dos, que fueron atendidas por 38 personas y con un presupuesto de dos millones de euros. El Diputado del Común, institución del defensor en Canarias, tiene un presupuesto de 2,9 millones de euros y cuenta con 35 personas para atender las 1.586 quejas que recibió en 2012. El Justicia de Aragón recibió el pasado año 2.095 quejas y tiene una plantilla de 18 personas con un presupuesto de 2,1 millones de euros.
Los ciudadanos navarros han cursado a su Defensor del Pueblo 1.298 quejas atendidas por 12 personas y su presupuesto el año pasado fue de 0,8 millones de euros. El presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León fue de 2,7 millones de euros para 2011, año que figura en el informe, con 33 personas empleadas para atender las 2.411 quejas que llegaron en 2011. El último informe publicado por el Defensor del Pueblo Riojano fue en 2010 en el que figuran 585 quejas. El presupuesto sí es de 2013 y figuran 358.952 euros, así como una sola persona al servicio de esa institución.
Todo serían ventajas económicas para las 11 autonomías, desde la perspectiva central, si decidieran suprimir la institución, pero hace falta ahora que los concernidos lo vean de la misma manera. Pero no todo es economía en algunas comunidades sino que el factor identitario, histórico o afectivo cuenta y mucho, reconocen las fuentes consultadas. Así resulta casi imposible que el País Vasco y Cataluña prescindan de esta institución. También hay serias dudas de que Andalucía lo haga y no hay seguridad de que Galicia suprima de su organigrama institucional al Valedor do Pobo. No hay certeza de que la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, vaya a propiciar la supresión del Justicia de Aragón, de connotadas referencias históricas.
Solo queda saber el peso que pueda tener el recordatorio del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, respecto a que la supresión de organismos autonómicos puede ayudarles a cumplir sus objetivos de déficit; ellos verán cómo lo consiguen.