La tarjeta del Monopoly

El Gobierno vasco, el PNV y el PSE han coincidido en reaccionar con prudencia al comunicado de los presos de ETA del pasado sábado. Los tres han reclamado a los etarras que plasmen en hechos concretos las afirmaciones del escrito, en particular las referencias a la aceptación de los «cauces legales».
Los reclusos tienen que demostrar en la práctica qué es lo que entienden por el uso de los cauces legales porque da la impresión de que han confundido la legalidad con la tarjeta del Monopoly que permite salir de la cárcel. Los presos de ETA han copiado las palabras contenidas en las recomendaciones del Foro Social que abogaba porque «el proceso de reintegración» de los reclusos se realizara «por medio de cauces legales, aceptando que el mismo, siendo integral, se debe desarrollar de forma individualizada, escalonada y en tiempo prudencial». Los etarras han quitado el ambiguo concepto de reintegración y lo han sustituido por «proceso de vuelta a casa», pero han mantenido los demás términos, incluida la referencia al tiempo «prudencial», que contiene una exigencia de celeridad al Gobierno.
No son pocos los que se preguntan qué quieren decir los presos con la referencia a los cauces legales y qué va a suponer eso. Aceptar la legalidad no es reclamar al Juzgado de Vigilancia la puesta en libertad por llevar tres cuartas partes de la condena cumplida, como hicieron muchos en 2011, ni solicitarle directamente la concesión del tercer grado, como hicieron otros en 2003.
La aceptación de la legalidad empieza por algo mucho más básico como, por ejemplo, modificar el comportamiento penitenciario de cada recluso, de forma individual, en el día a día dentro de la cárcel, de forma que eso permita la progresión de grado. Pero ese comportamiento ajustado al reglamento está en contradicción con huelgas de hambre como las que acaban de realizar los presos de Sevilla II o con las protestas de los últimos viernes de cada mes que desarrollan en las cárceles.
La gran mayoría de los presos de ETA se encuentran clasificados en el primer grado penitenciario, el más severo, sin que su comportamiento permita a las Juntas de Tratamiento de las cárceles pasarlos a otros regímenes más favorables. Los etarras no es que no se hayan esforzado por obtener beneficios, es que los han rechazado de forma expresa y reiterada. En octubre de 2011, por ejemplo, cuando decidieron sumarse a la declaración de Gernika, lo hicieron dejando expresa constancia de su rechazo a esos beneficios. «El EPPK –escribían entonces– no acepta los beneficios penitenciarios que contempla la Ley, ni con el arrepentimiento y el chantaje que conllevan. Estos beneficios no son más que propulsores de salidas personales que producen arrepentimiento político y crea grietas en la cohesión del EPPK».
Los cauces legales son los que han utilizado los reclusos adscritos a la ‘vía Nanclares’, reclusos que han sido repudiados por sus antiguos compañeros. Y el precio de los beneficios penitenciarios es ahora el mismo que era cuando los rechazaban.