El debate está hoy dormido. Obviamente, porque la prioridad es el control de la pandemia y sus consecuencias económicas. Pero existen pocas dudas de que a partir de 2023, cuando, en teoría, vuelvan a ser operativas las reglas fiscales, las actuales o las renovadas, emergerá con fuerza una negociación trascendental para el futuro de España. También para el devenir de Europa. No en vano, por primera vez desde el Tratado de Roma (1957) los miembros del euro comparten el riesgo que supone emitir 800.000 millones de euros en cinco años, lo que supone el 70% del PIB de España (la cuarta economía de la eurozona)

Lo que está en juego es, ni más ni menos, la soberanía de los Estados miembros. O lo que es lo mismo, la autonomía de los gobiernos para hacer política económica. Aunque con una diferencia respecto de situaciones pasadas. Ahora el debate es más pragmático y no se dirime entre los del norte contra los del sur o entre los ricos y los pobres, con un contenido más político o ideológico, sino entre acreedores y deudores en el seno de una misma comunidad. Como se ha preguntado el economista Martínez Mongay, qué pasaría si en los próximos años algún parlamento nacional –por ejemplo, el neerlandés– estimase que otro país no está usando los fondos de manera correcta e instase a la Comisión Europea a obrar en consecuencia. 

No es casualidad, por eso, que el punto más espinoso de la construcción europea haya sido siempre la unión fiscal. Precisamente, porque la política presupuestaria es el corazón y el cerebro de los Estados, y, de hecho, está en el centro del concepto mismo de democracia. Al fin y al cabo, es la sociedad, con sus decisiones, la que legitima al Estado democrático moderno, que comenzó a construirse hace más de dos siglos en torno a un presupuesto público. Y un país está en condiciones de ejercer su libertad –la verdadera, no la manoseada groseramente por algunos políticos– cuando las decisiones sobre presión fiscal o política de gastos no se toman en otras instancias o se adoptan por la fuerza de los hechos. Lógicamente, salvo que esas decisiones las tomen órganos elegidos directamente por el pueblo, que no es el caso.

Deuda común

Es cierto que el concepto de soberanía no es el mismo que en el pasado. La Unión Europea ha asumido hoy enormes competencias cedidas por los estados en materias como el mercado único, la política monetaria, la protección de los consumidores, la agricultura o la política comercial o de competencia; pero nunca hasta hoy había compartido el riesgo derivado de contar con una deuda común que cotiza en los mercados financieros y, por lo tanto, condicionada por decisiones de política económica nacionales, que es el espacio tradicional de los gobiernos. Tanto en lo que respecta a la política de gastos como a la de los ingresos. En definitiva, una deuda que está soportada mancomunadamente por el conjunto de los contribuyentes europeos, lo que la hace singular en el tiempo. Nunca antes las deudas de los españoles habían estado garantizadas por los alemanes, o viceversa

Está en juego la soberanía de los Estados. O lo que es lo mismo, la autonomía de los gobiernos para hacer política económica 

No es una cuestión cualquiera, independientemente de dónde se vaya a clasificar contablemente, y por eso sorprende la ausencia de un debate de fondo en la política española sobre las consecuencias que tendrá el incipiente tesoro común europeo, máxime cuando España, junto a Italia, será el país que más se beneficie de los fondos Next Generation, lo que incorpora una vigilancia especial para sus finanzas públicas. 

Justamente, en el momento en el que el endeudamiento interno (120% del PIB) ha alcanzado niveles históricamente elevados, lo que hace que los próximos gobiernos –de derechas o de izquierdas– se vayan a sentar sobre una gigantesca montaña de deuda cuya sostenibilidad ya no dependerá de decisiones nacionales, sino de lo que se determine en Bruselas o en Fráncfort. Algo que es especialmente relevante si se tiene en cuenta que la salida de la crisis va a ser muy desigual. Algunos países habrán recuperado su nivel de actividad ya en 2021 y otros, como España, no lo harán hasta 2023. 

La primera de las condiciones será la fijación de una senda de reducción del endeudamiento, que obligará a los futuros gobiernos a lograr unos superávit primarios (el déficit público sin contar el servicio de la deuda) que van a comprometer su soberanía fiscal. Grecia, Portugal o Chipre conocen mejor que nadie sus consecuencias

Por primera vez desde el Tratado de Roma, los miembros del euro comparten el riesgo que supone emitir 800.000 millones en cinco años 

Es cierto que el ritmo de consolidación fiscal en una Europa de naturaleza estructuralmente asimétrica (mercado de trabajo, productividad o disciplina fiscal) podrá ser más rígido o más flexible en función de la correlación de fuerzas dentro de la UE, pero no hay ninguna duda de que el ordoliberalismo sigue ahí y ningún partido lo va a cambiar, como suele recordar con sus sentencias el constitucional alemán. Y menos en un contexto como el actual de florecimiento de los populismos neonacionalistas. Entre otras razones, porque el endeudamiento común influye sobre el tipo de cambio del euro, lo cual, a su vez, condiciona la inflación, que es el fantasma que siempre ha sobrevolado Berlín desde los años 20. Precisamente, en unos momentos en los que la UE pretende reforzar el papel del euro para lograr soberanía económica, como han recordado Steinberg y García-Herrero.

Intervenir sin tapujos

Es evidente, sin embargo, que en esta ocasión la Unión Europea, que ha visto que las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento están completamente obsoletas, ha optado por un rescate ‘blando’ al amparo de la activación de la llamada cláusula de escape, frente a lo que sucedió en la anterior crisis, lo cual pesará siempre sobre la responsabilidad de Merkel y su ministro Schäuble. No hay hombres de negro. Pero ahora, tras la mutualización de la deuda, lo que ha ganado Bruselas es mayor legitimidad para intervenir ya sin tapujos y sin troikas sobre las políticas económicas nacionales a través de la evaluación de los planes de reformas nacionales. Al fin y al cabo, su obligación es defender los intereses de 450 millones de europeos que garantizan la sostenibilidad de la deuda común

Es decir, un nuevo contexto político que limita aún más que en el pasado reciente el margen de maniobra de los gobiernos para saltarse las reglas fiscales. Sobre todo, si esos gobiernos son débiles o no cuentan con un respaldo sólido de los partidos centrales del arco parlamentario

La debilidad del Gobierno es la debilidad de España ante Bruselas, que ahora tendrá que garantizar que las deudas se devuelven 

Este es, probablemente, el mayor error de la estrategia de Sánchez, que permanentemente necesita confrontar para polarizar el debate político, incluso en un asunto de Estado como es la gestión de los fondos europeos. Si hubiera querido pactar la hoja de ruta habría intentado crear un clima de entendimiento que hoy no existe. 

Pero también es verdad que la responsabilidad exclusiva no recae en el presidente del Gobierno. La estrategia de Casado, se vio en el último debate, es completamente irracional porque al igual que Sánchez busca polarizar. Pero es todavía más descabellada cuando exige que sea una agencia independiente la que gestione los fondos (Ciudadanos va en esa misma dirección). Eso sería, sin embargo, lo mismo que vaciar de contenido la acción de Gobierno. Precisamente, en unos momentos en los que los países deudores necesitan Ejecutivos fuertes con amplia capacidad de gestión, como han entendido en Italia con la elección de Draghi. 

No es difícil suponer lo que pasará. La debilidad del Gobierno es la debilidad de España ante Bruselas, que no es solo el garante del cumplimiento de las normas comunitarias, sino que ahora, con más legitimidad que nunca, tendrá que garantizar que las deudas se devuelven. Está en juego su propia credibilidad. Conviene recordarlo a la espera de que España conozca el camino a seguir.