La política de Italia como fuente de incertidumbres generales. Europa se enfrenta de nuevo a un escenario que se ha convertido en recurrente en la última década. La victoria en las recientes elecciones generales del frente de derechas liderado por Giorgia Meloni (del partido Fratelli d’Italia) amenaza con abrir un nuevo episodio de tensiones en las relaciones entre las autoridades comunitarias y la tercera economía de la región. 

Son de sobra conocidas las diferencias entre la derecha populista italiana y las directrices dominantes en Bruselas, pero la previsible nueva primera ministra italiana ha alcanzado su victoria enarbolando la bandera de la moderación, especialmente en un aspecto clave como es el de las finanzas públicas.

De hecho, las quinielas para ocupar el puesto de ministro de Finanzas (entre los que se incluyen nombres como el del miembro del BCE Fabio Panetta) o las informaciones que apuntan a que el hasta ahora primer ministro del país, Mario Draghi, podría prestar asesoramiento fiscal al nuevo Gobierno representan señales de que Meloni pretende iniciar su mandato en buena sintonía con Bruselas.

«Es probable que el nuevo Gobierno sea menos reformista y más proteccionista que el Gobierno de Draghi, pero no proyectamos un descarrilamiento completo de la agenda de reformas ni un cambio drástico en la estrategia fiscal general», observaba en una nota publicada esta semana la agencia de calificación DBRS.

«El escenario más probable es que Italia no se aleje a corto plazo de la política macroeconómica que seguía hasta ahora el Gobierno anterior, básicamente porque el margen de maniobra es muy estrecho y, por tanto, los cortafuegos europeos, la disponibilidad de fondos europeos, el paraguas del BCE solo estarán disponibles si sigue esa senda», corrobora Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. 

Esta sensación no ha impedido, sin embargo, que el resultado electoral haya sido recibido en los mercados con un incremento de la prima de riesgo trasalpina, que ha llegado a marcar máximos en 30 meses, mientras el coste de los bonos italianos a 10 años superaba el 4,5% por primera vez desde 2013. 

Este movimiento, sin embargo, puede explicarse por cuestiones que escapan al propio resultado electoral y que dependen más de las condiciones económicas de partida del país. Los analistas de BBVA ya señalaban en un informe emitido el pasado lunes que, tras los comicios, el mercado podría pasar a centrarse en otros aspectos, más referidos al contexto macroeconómico, que podrían acabar resultando un lastre para la deuda del país. 

Esta semana, el coste del bono italiano a 10 años escaló a su nivel más alto desde 2013 

En medio de las turbulencias generadas por la crisis de desconfianza en Reino Unido y las señales que alimentan la idea de que los bancos centrales seguirán subiendo los tipos de interés con fuerza en los próximos meses, las ventas han afectado a la práctica totalidad de la deuda pública internacional, pero los inversores han mostrado una desconfianza especial hacia la italiana. 

«Italia se encuentra entre las economías más afectadas de la zona del euro por el aumento vertiginoso de los precios de la energía debido a su alta dependencia del gas natural, y es probable que caiga en una recesión poco profunda hacia el final del año», recuerdan los analistas de Bloomberg Economics en una nota en la que recalcan los problemas a los que se enfrenta el país por su elevada deuda y un déficit público que se espera que se mantenga en torno al 5% aún en 2023. La última encuesta entre economistas de Bloomberg rebaja el crecimiento estimado para la economía italiana el próximo ejercicio a un escaso 0,3%. 

Son, precisamente, esas vulnerabilidades económicas las que están llamadas a condicionar las relaciones del nuevo Gobierno italiano y las instituciones europeas. Por un lado, el Ejecutivo trasalpino se enfrenta a serias limitaciones en su actuación por la necesidad de seguir recibiendo los fondos europeos del plan Next Generation (del que está previsto que sea el principal receptor) y mantener el respaldo potencial del BCE en caso de un encarecimiento muy agudo de sus costes de financiación. Ambas cuestiones requieren, ‘a priori’, de una senda fiscal validada por Bruselas y de la continuación de la agenda de reformas pactada por el Gobierno de Mario Draghi.

«El próximo Gobierno de Italia seguirá enfrentándose a importantes limitaciones institucionales y políticas, además de las persistentes presiones del mercado, dada la elevada deuda pública italiana y las bajas perspectivas de crecimiento en un entorno de tipos de interés al alza. Esto respalda nuestra expectativa de una continuidad de la política económica y fiscal del anterior Gobierno de Mario Draghi», consideran en Scope Ratings.

Sin embargo, nada de esto permite descartar que los buenos propósitos iniciales acaben descarrilando y dando paso a un enfrentamiento entre ambas partes. Sobre todo, por las necesidades a las que pueda enfrentarse Meloni para contentar al resto de miembros de su coalición de Gobierno, como La Lega de Matteo Salvini, que ya se ha manifestado a favor del despliegue de otros 30.000 millones en ayudas para los afectados por la crisis energética en Italia, lo que, en opinión de Bloomberg Intelligence, podría conducir la cifra de déficit del país por encima del 7%.

«Los tres partidos dentro de la coalición de derecha no tienen los mismos puntos de vista en términos de política exterior, asuntos europeos e incluso política fiscal. Así, una vez que el gabinete esté en funciones, las tensiones entre los socios podrían volverse más visibles», apunta en este sentido Jesús Castillo, economista sénior de Natixis.

Los expertos de Capital Economics suman a las potenciales tensiones en la coalición otros dos factores que amenazan con hacer difíciles las relaciones entre el nuevo Gobierno italiano y Europa: en primer lugar, los posibles retrasos en la aprobación de las reformas estructurales pactadas con Bruselas —que en algunos casos han generado críticas en los partidos que se disponen a asumir el Gobierno—, lo que «podría poner en peligro el acceso de Italia a los fondos Next Generation EU y quizá la elegibilidad de Italia para el nuevo programa de compra de activos del BCE»; y, en segundo lugar, el riesgo de que, en función de la evolución económica y las conveniencias electorales, el nuevo Ejecutivo podría adentrarse, más adelante, en una política fiscal más laxa y adoptar una retórica más euroescéptica. 

Si el camino hacia el enfrentamiento está lejos de resultar inevitable, mucho más lo está el que llevaría de las diferencias a una crisis existencial de la propia Unión Europea. Hasta la fecha, Bruselas ha sido capaz de lidiar con éxito con los conatos de rebelión de sus países miembros (incluida Italia) y nada lleva a pensar que esta vez pudiera ser diferente. Al fin y al cabo, como explica Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, hoy la situación en Europa difiere mucho de la que enmarcó anteriores episodios de tensión, como en 2011 y 2018, con unos postulados en materia fiscal menos radicales en favor de la austeridad y con unos mecanismos de ayuda y solidaridad (por medio del BCE o del propio plan Next Generation) que deberían limitar la disposición de un país como Italia a llevar al extremo sus diferencias. 

Puede asumirse, no obstante, que no hace falta asomarse al abismo de la ruptura del euro para que las acciones del nuevo Gobierno italiano acaben propiciando una crisis de confianza que pueda acabar propagándose a otros países de la eurozona. No en vano, la reciente tormenta desatada en torno a la libra y la deuda británica ha evidenciado que hoy por hoy los inversores están muy sensibles a cualquier señal de escaso rigor fiscal.

Una doble perspectiva

Para España, el retorno de Italia a la primera plana de las tensiones políticas en Europa puede entenderse desde una doble perspectiva. No cabe duda de que en la década transcurrida desde que el país, gobernado entonces por Mariano Rajoy, tuvo que pedir ayuda a Europa para el saneamiento de su banca, Italia ha tomado la delantera como origen de preocupaciones para los inversores. Un dato lo evidencia: si en julio de 2012 el diferencial de la deuda de ambos países llegó a marcar un máximo de 116 puntos (es decir, España pagaba 1,16 puntos porcentuales más por sus bonos a 10 años que Italia), desde mediados de 2016 la relación se ha invertido y hoy ese ‘spread’ favorece a España en más de 120 puntos. 

Como observa Molina, a corto plazo, un Gobierno italiano mal avenido con Bruselas puede dar a España la posibilidad de ganar influencia política en Europa, como la voz de referencia entre los países del sur del bloque. «Pero creo que, a la larga, una crisis de confianza en torno a Italia acabaría siendo un lastre para España», indica el experto, que se muestra convencido de que a nuestro país lo que más le conviene es «una Italia fuerte política y económicamente». 

En la misma línea se manifiesta Raymond Torres, quien sostiene que, «si Italia decidiera dar marcha atrás en el plan de reformas o encaminarse a una política expansiva como lo está haciendo Reino Unido, yo creo que conllevaría una crisis de la propia zona euro», que sería «muy grave para el conjunto de la zona euro y también para España».

Al margen de las obvias disrupciones comerciales que se derivarían, en una región tan interconectada como la europea, de las dificultades económicas de Italia (es el tercer cliente comercial de España y el cuarto proveedor), los expertos ven diversas razones por las que España no podría esperar salir indemne de una crisis de confianza sobre Italia derivada de un encontronazo con Bruselas. 

La primera tiene que ver con el efecto que podría tener una rebelión italiana sobre los países del norte de Europa, como Alemania y Países Bajos. Con la negociación sobre las reglas fiscales de la región aún pendiente, una postura fiscal controvertida por parte de Italia podría agudizar los recelos de los países más propensos al rigor presupuestario y dificultar las pretensiones de una mayor laxitud, lo que, al menos a corto plazo, iría en contra de países como España, con unos niveles de deuda y de déficit público más elevados. Además, las pretensiones de convertir mecanismos como el Next Generation (que tanto costó sacar adelante) en una herramienta usual de solidaridad entre países en la Unión Europea podría verse francamente dañada si el principal beneficiario incumpliera las condiciones. 

Las tensiones con Italia podrían derivar en un mayor rigor fiscal en Europa 

A esto se añadiría, además, un efecto contagio en la visión de los inversores. Si la situación llegara a un punto en que se empezara a dudar de la sostenibilidad de la deuda italiana y Europa, con el BCE a la cabeza, no pudiera (o no quisiera) aplacar la tensión interviniendo en el mercado, los inversores se verían de nuevo en la tesitura de tener que evaluar la solidez de los bonos soberanos de la región por las propias condiciones del país emisor y no tanto como parte de un conjunto. Y ahí España tendría mucho que perder. «Si se extendiera la desconfianza sobre la deuda italiana, es muy probable que nosotros fuéramos detrás. Nuestra situación financiera no está mucho mejor, como para no vernos afectados», observa Molina. 

En cualquier caso, el Gobierno de Meloni ni siquiera ha iniciado su andadura y los mercados, pese a la tensión reinante, parecen dispuestos a concederle un voto de confianza (de hecho, este viernes su prima de riesgo se redujo ligeramente). A España, por su parte, no le queda otra que esperar acontecimientos y, en la medida de lo posible, tratar de enmendar sus vulnerabilidades —lo que pasa por rehuir el populismo fiscal y buscar la máxima eficiencia en el gasto público— para no verse atrapada en una espiral de desconfianza con epicentro en Roma.