- La inmensa mayoría de las cosas no son en blanco y negro, exigen matices y términos medios y distinguir entre lo posible y lo imposible
Europa, aunque enfila la cuesta abajo, es un oasis de buen vivir en el planeta, por eso recibe oleadas de inmigrantes que quieren sumarse a su prosperidad (del mismo modo que antaño millones de europeos se marcharon a América escapando de sus penurias). Hay 63 millones de extranjeros en la UE, con Alemania como primer receptor (26 %), seguido de Francia (14 %), España (12,8 %) e Italia (10 %).
La geografía ha situado a la opulenta Europa como vecina de la rezagada África, así que resulta inevitable que los del Sur pobre quieran subir al Norte rico. Pero el trasiego ha derivado en vorágine, porque existen potentes mafias de tráfico de seres humanos que se lucran engrasando las rutas y porque los países europeos no han sabido proteger sus fronteras, tarea que supone un pilar fundacional de cualquier Estado.
Casi todos los gallegos tenemos algún pariente que emigró en su día a Argentina, Uruguay o Venezuela. Por eso en la memoria popular se conserva una palabra al respecto: «reclamados». Los emigrantes eran reclamados. Es decir: viajaban con un permiso de trabajo que les habían conseguido parientes o amigos que habían emigrado antes. Ese control se ha volatilizado en Europa con el aluvión de pateras y cayucos.
Ante la inmigración en nuestras costas caben varias opciones. La Iglesia Católica y el Papa, fieles a su papel caritativo, postulan una política de acogida y brazos abiertos. La izquierda que nos gobierna aboga de boquilla por la solidaridad, pero negándose a afrontar los problemas reales que provoca la inmigración descontrolada y de una manera muy hipócrita (véase su inhibición ante la masacre de africanos en la valla de Melilla por la gendarmería marroquí).
La derecha aboga por mano dura, por un control enérgico de las fronteras. Vox capitanea esta línea en España, y el PP ha intentado sumarse con la improvisada propuesta, por boca de Tellado, de enviar a la Armada a frenar los cayucos.
El Gobierno de Rajoy se cuidó de cerrar acuerdos con países africanos para frenar la salida de pateras. El Ejecutivo de Sánchez ha resultado un desastre. Al parecer hacer frente a las mafias que trafican con personas y controlar tus fronteras es poco «progresista». La coladera ha provocado un evidente efecto llamada, que ocasiona tragedias humanitarias –ni siquiera se conoce la espantosa cifra de muertos en ruta– y problemas de todo tipo para acoger a esas personas, de otra cultura, que casi siempre desconocen nuestro idioma y que muchas veces son niños y adolescentes solos.
En ocho años, el número de menas que llegan a España ha aumentado un 221 %. Ahora mismo hay 5.000 en Canarias, Ceuta y Melilla, territorios superados por la situación. Dado que ya están en España y que la mayoría carece de identificación, nuestras leyes no permiten devolverlos. Los chicos se encuentran mal atendidos, en una situación de provisionalidad que debe tener un límite. No cabe más salida que repartirlos por otras comunidades. Algo que Vox rechaza, hasta el extremo de que su líder amenaza al PP con romper sus coaliciones si se aviene a acoger a los menas en las regiones donde gobiernan juntos.
Brocha gorda por todas partes ante un problema lleno de matices, empezando por el Gobierno. Jamás ha querido darse por enterado de que los menas están mal atendidos, de que deambulan muchas veces solos por nuestras ciudades, de que las residencias no son suficientes, ni están bien gestionadas; o de que abundan los casos de delincuencia. Lo único que hace el Gobierno es desentenderse de los chavales sembrándolos por la Península –al socio xenófobo catalán no creo que le toquen muchos–, pero sin molestarse en poner los medios y dineros que se necesitan para poder acogerlos con mínimas garantías.
Brocha gorda también en Vox cuando se niega a acogerlos en la Península y propone devolverlos a sus países con sus padres. Hay sentencias en contra del Supremo y también lo rechaza la Convención de Ginebra. Además, una vez pasados 90 días en España esos menores pueden reclamar la nacionalidad (por no hablar ya de que un partido que se declara afín al catolicismo muestra en este puntual caso escasa caridad cristiana).
Brocha gorda también en el PP cuando de la noche a la mañana propone enviar a la Armada, pero sin pararse a estudiarlo y sin detallar para hacer qué, ni el número de buques que se necesitarían, ni el coste de esa operación de blindaje naval, ni un análisis de ejemplos similares y posibilidades de éxito.
En efecto: las fronteras marítimas de España son hoy una coladera, los menores no acompañados suponen un problema y la llegada masiva de inmigrantes de otra cultura y sin permiso de trabajo crea tiranteces de todo tipo. Pero no se puede responder a tan inmenso desafío haciendo el avestruz –como el Gobierno–, o soltando propuestas contundentes que cuando se baja al detalle resulta que son irrealizables.
(PD: Me apostaría una percebada a que Abascal jamás cumplirá su amenaza de romper los seis gobiernos autonómicos de coalición si llegan los menas a esas regiones. Entonces, ¿no sería mejor ahorrarse estas bombas de palenque dialécticas e intentar buscar soluciones realistas ante un problema que ciertamente existe y que Vox hace muy bien en denunciar?).