Bajo el título de La justicia amenazada, Manuel Marchena, magistrado de la sala II del Tribunal Supremo, acaba de publicar un libro en el que da cuenta y razón de cómo la opinión pública considera que el trabajo de los jueces en nuestro país no siempre se desarrolla en condiciones que garanticen su independencia. El autor ha padecido toda suerte de descalificaciones por parte de los ministros del Gobierno y de sus afines asimilables que han de sumarse de modo necesario para alcanzar la mayoría requerida en las votaciones parlamentarias. Desde la tribuna del Congreso de los Diputados le han llamado de todo y por su orden pero, en estas páginas que comentamos, Marchena ha tenido la elegancia de abstenerse de cualquier ajuste de cuentas, ni de emprender réplicas airadas. Es más, ni siquiera ha hecho la menor alusión a los agravios con los que intentaron zaherirle porque no ofende quien quiere sino quien puede. Lo que si ha recordado es la réplica del presidente del Gobierno en una entrevista radiofónica cuando dijo: “¿La Fiscalía de quién depende? (…) Pues ya está…”

La concepción del fiscal general del Estado como un delegado del Gobierno llamado a perseguir implacablemente los delitos cometidos por el partido político en la oposición y, al mismo tiempo condescendiente con los delitos atribuidos al equipo institución y deslegitima el trabajo cotidiano de jueces y fiscales

Carmen Martín Gaite, la autora de Macanaz, historia de un empapelamiento, que cita de modo reiterado Marchena, cuenta que su padre, el notario de Salamanca José Martín López, solía repetir: “Quien quiera humillarte, no pueda; a quien puedas humillar, no quieras”. A nuestro autor quisieron humillarle, pero no pudieron y, ahora, cuando él hubiera podido humillar a quienes intentaron agraviarle ha preferido pasar de largo e ignorarles. Cuestión distinta es que, ya en la primera página de su introducción, escriba que el poder político no ha superado la tentación de debilitar los mecanismos constitucionalmente concebidos para el control democrático de sus decisiones; que la separación de poderes tiene que ser percibida como mucho más que una declaración puramente formal o programática; y que el equilibrio entre los poderes del Estado no puede limitarse a un enunciado normativo sin aplicación práctica.

Cuando en el Consejo de Ministros del martes 13 de mayo se ha aprobado un proyecto de reforma del estatuto del Fiscal General para que su designación sea por un periodo de cinco años y así no coincida con el cuatrienio para el que se elige una legislatura, Marchena señala que “la concepción del fiscal general del Estado como un delegado del Gobierno llamado a perseguir implacablemente los delitos cometidos por el partido político en la oposición y, al mismo tiempo condescendiente con los delitos atribuidos al equipo institución y deslegitima el trabajo cotidiano de jueces y fiscales. La experiencia que ha vivido le lleva también a señalar que la publicidad como garantía está dejando paso a la publicación como efecto perturbador para el justiciable.

El apartado que dedica al anonimato como máscara del odio le lleva a Internet “donde la ocultación de la verdadera identidad permite una navegación mucho más audaz a la hora de suscribir mensajes que se deslizan y coquetean con los límites del delito”. Ahí señala que Internet en ocasiones se convierte en el escupidero de muchos que se sienten realizados con la descalificación ajena.