La tentación totalitaria

La apertura del curso político que comenzó con la reunión del Comité Federal del PSOE el 7 de septiembre ha traído sorpresas muy inquietantes. Ese día el presidente del gobierno descorrió la cortina que ocultaba lo que hasta entonces solo habían sido indicios o sospechas. Su propensión al ejercicio solitario del poder, su tendencia a aprovechar los resquicios legales para eludir o reducir los controles del Congreso y el Senado, y su querencia a monopolizar la representación del Estado dentro y fuera de España, son algunas de ellas.

Pero el día 7 Pedro Sánchez se quitó la careta y lanzó el mensaje más inquietante que haya hecho un presidente del gobierno desde que se recuperó la democracia en 1977; avanzaremos, dijo, «con o sin el concierto del poder legislativo». Esta afirmación podría ser un indicio de que le traicionó el subconsciente y añora el ejercicio solitario del poder sin controles ni contrapesos, propio de los sistemas totalitarios. De llevar a la práctica este anuncio estaríamos ante la demolición de uno de los pilares del régimen parlamentario que establece la Constitución.

El presidente debería saber que su poder no deriva directamente del pueblo sino del Congreso de los Diputados que lo inviste como máxima autoridad del poder ejecutivo, y lo puede destituir con una moción de censura. Es el poder legislativo el que aprueba las leyes que le presenta el gobierno, incluidos los Presupuestos, y sin sus votos la gobernación del Estado queda varada. En cualquier sistema parlamentario, cuando el presidente del gobierno pierde el apoyo del poder legislativo, dimite y convoca elecciones. La historia está llena de ejemplos de presidentes que dimitieron al comprobar que el Parlamento no le aprobaba las leyes y rechazaba sus Presupuestos. Este gobierno ha perdido en nueve meses 35 votaciones, entre ellas la de los Presupuestos de este año. Y el martes tuvo que retirar su propuesta de techo de gasto para evitar que Puigdemont le infligiera una derrota más.

Pero el presidente se empecina en seguir en la Moncloa sin los apoyos parlamentarios necesarios y afirma que se propone avanzar «con o sin el concierto del poder legislativo». Esta manifestación revela la nostalgia de un poder sin controles. Es la sombra de la tentación totalitaria.

Su desprecio a la legalidad constitucional en el discurso del 7 de septiembre no paró ahí. De no respetar el régimen parlamentario pasó a no respetar la estructura territorial del Estado, al que calificó de «nuestro Estado federal», dando por hecha una configuración del Estado que no existe, como queda bien claro en el artículo segundo de la Constitución.

España no es un Estado federal y para convertirlo en tal cosa sería necesario poner en marcha el procedimiento agravado de reforma de la Constitución que prevé el artículo 168 y que va más allá del voluntarismo presidencial: «La aprobación por mayoría de dos tercios en cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes […] las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión […] por mayoría de dos tercios […] y aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación».

Eso es lo que hay que hacer para afirmar que el nuestro es un Estado federal. Es la voluntad del pueblo expresada en unas elecciones y en un referéndum la que decide si España es un Estado de las Autonomías o un Estado federal, y no la voluntad supuestamente soberana del presidente del gobierno.

Pero hay más. En su discurso anunció medidas de control a los medios de comunicación, curiosamente coincidentes en el tiempo con la imputación de su esposa por la presunta comisión de dos delitos. Desde entonces, ha lanzado la expresión «máquina de fango», acuñada por Umberto Eco, contra los medios que publican informaciones sobre este escándalo, acusándolos de poner en marcha una centrifugadora de calumnias contra su cónyuge, su gobierno y su partido. Y en lugar de adelantarse y ofrecer toda la información con la mayor trasparencia para aclararlo todo, responder a lo que le pregunte el juez y exigir la mayor celeridad en la tramitación de todas las diligencias, ambos se acogen a su derecho a no declarar y él anuncia una ristra de leyes contra quienes publiquen las informaciones que molestan.

Lo que hemos visto en los últimos días confirma una estrategia para silenciar a los medios críticos. El 17 de septiembre, el ministro de Cultura ratificó la decisión del gobierno de «intervenir en favor de los verdaderos medios de comunicación […] y de los verdaderos profesionales», una decisión sin precedentes en 47 años. ¿Y quién decide cuáles son los verdaderos medios y quiénes los verdaderos profesionales? El gobierno. De la intervención a la censura solo hay un paso.

No olvidemos que el primer presidente de la democracia sufrió una campaña inmisericorde entre 1979 y 1980, que fue calificada de «acoso y derribo», y ni se le pasó por la cabeza controlar a los medios y a los profesionales.

Marginar al poder legislativo, cambiar la estructura territorial del Estado, controlar a los medios de comunicación y corregir al poder judicial a través del Tribunal Constitucional, son las pruebas más contundentes de la tentación totalitaria en la que están cayendo el presidente, su gobierno y su partido.

Es obligación de los españoles utilizar todos los medios que las leyes ponen en sus manos para no dejarles caer en la tentación y librarnos de ese mal. Porque hay cosas que nadie puede decidir por nosotros.