En ese avance cultural y político se basa el Estado moderno. En la extensión de los derechos de ciudadanía que garantizan la igualdad de deberes y prerrogativas para toda la comunidad, independientemente de su raíz histórica, trayectoria, costumbres, lenguas, acentos o dialectos. Lo que durante siglos sirvió para separar se subsume en una legalidad comunitaria que fortalece el conjunto. Es cierto que, como herencia de la tribu, persisten disensiones de visión historicista. A veces, incluso, ideológicas. Se mantienen en el subconsciente del conjunto de pueblos que han ido formando el Estado-nación, visiones antinómicas opuestas e incluso alérgicas, mutuamente. Esos aspectos circunstanciales, en momentos de crisis tienden a ocupar el primer plano de la vida en común. Y aparece la pulsión romántica, en el peor sentido de la palabra, de volver atrás. Renace la tentación tribal. De poner por delante de los intereses del conjunto, de la asociación de diferentes, la característica particular bien sea idiomática, legal, jurídica o económica.

Entonces se sitúan en primer plano los partidarios de revisar la noción de país, relanzando las ideas secesionistas o confederales. Negando la modernidad de la sociedad de iguales que hace más fuerte el conjunto. Entonces se pone en cuestión la idea de pertenencia a la sociedad multicultural y transversal como la que se construyó en España con el Estado de las autonomías y se apela a las emociones, a la excitación y a la dramatización, para reclamar la pertenencia milenaria. Como efecto colateral de los pactos expresos o silenciados firmados por los socialistas catalanes por delegación de la Moncloa, amenaza en el horizonte «la singularidad». Pero a más a más, algunos oportunistas de otras comunidades se relamen pensando que el PSOE se avendrá a repartir cupos y conciertos como una especie de caviar para todos. Y los siempre irredentos de Euskadi llaman a los socios de Sánchez a firmar un pacto «por la plurinacionalidad». Un camino hacia el pasado.