Nicolás Redondo, EL ECONOMISTA, 24/6/11
Tito Livio: «Vosotros pensáis que lo que se trata es si ha de hacerse la guerra o no; y no es así. Lo que se trata es si esperáis al enemigo en Italia, o si iréis a combatirlo a Macedonia, porque Filipo no os permite escoger la paz».
Las últimas elecciones municipales y autonómicas han cambiado radicalmente el mapa político español. Nunca una formación política había obtenido tanto poder local como el PP y el otro gran partido nacional tan poco como el PSOE.
Este desequilibrio resulta en sí perjudicial para el desenvolvimiento político de nuestro país, y su consecuencia más lamentable -al fin y al cabo, la descompensación del mapa partidario ha sido querida por los ciudadanos españoles y buscada con perseverancia por los dirigentes del PSOE- es la irrupción de Bildu en el panorama político.
No debe ser causa de sorpresa su gran representación institucional, pues no es más que la suma de los votantes de HB a los de EA y a los resultantes de la escisión de IU, cuando coincide su presentación en una campaña electoral con una tregua de ETA. Nada nuevo bajo el sol si además tenemos en cuenta que habíamos creado en los días, semanas y en meses anteriores a las elecciones, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, unas condiciones insuperables para que el éxito de la marca legalizada fuera inevitable: la legalización del partido político sin la desaparición de la banda terrorista. La ilegalización de Sortu, prevista por los estrategas batasunos y por no pocos tontos útiles, con sus dirigentes más representativos -es el caso de Otegui- en la cárcel, les ha permitido mantener intacto su poder intimidatorio y manejar a su antojo el victimismo que tan buenos resultados les ha dado siempre.
Heródoto hacía decir a Temístocles: «Cuando los hombres formamos planes razonables, por lo general, suelen cumplirse; pero cuando no forman planes razonables, ni Dios suele favorecer las decisiones humanas». Y en éstas nos encontramos. Los planes no eran razonables y, por lo tanto, ni la divina providencia ha podido evitar el éxito de los abertzales radicales e impedir nuestro fracaso. Hoy, el alcalde de San Sebastián y el diputado general de Guipúzcoa son de Bildu sin que el Estado de Derecho haya podido hacer nada.
Panorama ideal
Nunca pudieron soñar con un panorama mejor: copan las instituciones y ETA garantiza con su presencia y sin el gasto de su actividad criminal que el proceso político no sólo siga en marcha, sino que se haya fortalecido como nunca pensaron y con una renovada capacidad de generar simpatía y atracción tanto en los sectores más próximos como en otros que se contentan, agotados por la inclemente y pertinaz acción de la banda terrorista, con que ETA se mantenga en una tregua calculada.
Hay quien dice, más malintencionados que ingenuos, que en este escenario es impensable que la banda terrorista vuelva a atentar -haciendo una especie de cambio de paz por poder institucional-. Podría ser cierto a corto plazo, hasta que el Estado de Derecho se vea obligado a enfrentarse a sus propuestas últimas, hoy avaladas por las urnas, y la banda se sienta obligada y legitimada para volver a hacer lo que mejor sabe.
Pero es más cierto e incontrovertible que hoy, después de los resultados electorales, han desaparecido las urgencias para culminar un proceso de liquidación definitiva? Puede que efectivamente no actúe, pero es seguro que no desaparecerá. No son pocos los bien pensantes, perezosos, pícaros o aprovechados que han creído que haciendo concesiones parciales podían aplacar a ETA, sin entender las pretensiones totales de la organización terrorista? Nunca hemos podido elegir: o nos derrotan o lo hacemos nosotros, ésa es la disyuntiva.
Por otro lado, el éxito electoral asegura una visión útil del terrorismo en estas circunstancias, tanto para sus partidarios como para sus más firmes opositores, presos de una profunda desorientación política y de una considerable depresión provocada por la constatación de que tanto esfuerzo y sacrificio no han servido más que para llegar adonde estábamos hace 15 años.
Reducción de confianza
Paralelamente, la confianza en el Estado de Derecho ha disminuido al comprobar que han prevalecido las torpezas, cuando no los intereses menos nobles, y que el Tribunal Constitucional -que ha olvidado la aseveración de Cicerón en la Filípica VII: «Digo que siempre elogié la paz, que siempre la aconsejé, pero que no la quiero con Marco Antonio porque es imposible, porque es peligrosísima, porque es vergonzosa?»– ha optado por el más incierto de los caminos, olvidando los intereses generales y un principio elemental: que su guarda del derecho de sufragio a Bildu precariza los derechos ciudadanos de una parte importante de la sociedad vasca.
Después de la campaña electoral, comprobamos cómo el Estado de Derecho no llega a numerosos municipios del País Vasco y su presencia en instituciones vascas es residual, casi menesterosa, esperando sencillamente que no se le ponga a prueba y termine mostrando todas sus debilidades.
Ciertamente, la acumulación de estos errores ha menguado la iniciativa de los demócratas, y el camino para reconquistarla -alejado de soluciones heroicas, temperamentales- es volver a fortalecer el Estado de Derecho en el País Vasco y defender las reglas del juego sin ambigüedades.
Gobierno vasco, de vital importancia
Desde luego, es un camino difícil, lleno de trampas que se pondrán en nombre de la libertad, de la democracia, de grandes conceptos. En esa dirección, sería necesario un gran esfuerzo mantenido en el tiempo para que ninguno de los símbolos constitucionales ni de los derechos individuales o colectivos de los ciudadanos españoles sean burlados en Euskadi.
En esa tarea, el Gobierno vasco actual se convierte en una pieza de vital importancia, por lo que el apoyo a sus políticas debe ser indiscutible y su protagonismo no debe ser menoscabado por urgencias parlamentarias de dudosa trascendencia, ni el Gobierno de la Nación debe tener otros socios preferentes en todo lo que afecta al País Vasco.
El Congreso de los Diputados, depositario de la soberanía nacional, debe impedir la consecución de los fines de la banda por la vía de los hechos consumados, garantizando la participación de todos los españoles en las decisiones que afecten a todo el territorio nacional o a una parte del mismo.
Nicolás Redondo. Presidente de la Fundación para la Libertad.
Nicolás Redondo, EL ECONOMISTA, 24/6/11