Esa escala de valores (?) mantiene a los ministros blindados, inmunes frente a las consecuencias de sus actos. Lógico: cómo va a dimitir el titular de Interior por un caso de violación que involucra a uno de sus principales mandos, o el de Transportes por su incapacidad para resolver el caos ferroviario, si Pedro aguanta con dos lugartenientes del partido procesados por corrupción, su propia esposa imputada y su hermano a punto de ser juzgado. Un improbable ataque de dignidad personal que empujara a los subordinados a asumir responsabilidades por sus fallos dejaría en evidencia las del liderazgo, y a eso no están dispuestos ni Sánchez ni sus socios parlamentarios, que necesitan verlo en aprietos para venderle más caro su desvergonzado respaldo. De este modo, la higiene pública y la integridad institucional pasan a ser principios políticos derogados en favor de un modelo de rasgos autocráticos regido por lo que el director del aparato de la Moncloa llama ‘la ética del engaño’.

En esa ciénaga de laxitud moral, Marlaska ha cruzado una frontera hasta ahora inédita al traspasar a la denunciante del DAO policial la decisión sobre su continuidad (la del ministro) al frente de la cartera. No al Congreso ni a los españoles cuya seguridad tiene como encomienda. Primero se refirió a ella como «la víctima», término con el que todo un juez de carrera retiraba de facto al acusado el derecho a la presunción de inocencia, y a continuación la señaló como la única persona en condiciones de exigirle una respuesta. Es decir, cargó sobre una mujer abrumada por un asunto de agresión sexual el problema que sólo corresponde a él resolver en conciencia, si es que aún la conserva. Pero también mintió en eso, porque nunca aceptó la renuncia que le pidieron los familiares de los guardias fallecidos en la tragedia barbateña. La triste, lacerante realidad es que se debe a la voluntad de su jefe, a la consigna de resistir como sea cualquier mínima tentación de decencia o de nobleza.