Fernando Savater, EL CORREO, 22/4/12
Cualquier gesto del Gobierno de España favorable a los convictos que permanecen obedientes a ETA será presentado como confirmación del peso político que la banda se ha ganado primero practicando el terrorismo y luego suspendiéndolo
Era de esperar que el tira y afloja del final de ETA acabase centrado –y casi reducido– al tema de los presos por terrorismo. Después de todo, son la única prueba palpable de que ETA ha existido: ellos y las víctimas, a las que se va diluyendo en una nube de múltiples y contrapuestos sufrimientos hasta convertirlas en algo casi inmaterial, dignas de compasión… siempre que no se pongan demasiado exigentes y quejicas. Pero los presos son la joya de la corona etarra, mientras permanezcan fieles a la banda: fidelidad que puede verse comprometida por la impaciencia de ver que su situación no cambia radicalmente a pesar del cese de la actividad armada. Ya hay algunos que se han desmarcado de la obediencia debida y buscan soluciones individuales, por tanto heterodoxas. Le urge a sus mandos una demostración urbi et orbi de que pueden conseguir una recompensa mejor para quienes no reniegan del pasado. Rescatando a sus presos, ETA se rescatará a sí misma; conseguir su amnistía es lograr su propia amnistía, la de los crímenes de su pasado: convertirlos en perseguidos políticos e incluso en héroes, o al menos en ciudadanos imprescindibles como los demás para consolidar la paz, es asegurar su propio futuro como poder fáctico en Euskadi.
No dudo de que los familiares de los presos estén sinceramente preocupados por ellos y como es natural quieran aliviar su condena. Pero a ETA lo que le interesa no es el drama humano de cada uno de los reclusos, sino la demostración de fuerza que supondría arrancar al Gobierno cualquier medida de gracia colectiva, sin que los beneficiados tuvieran que desligarse de la banda ni arrepentirse de las fechorías cometidas. Lo que ETA pretende demostrar es que aún cuenta en la política vasca, aunque no mate. Y para tal exhibición de músculo necesita a los encarcelados y echa mano de la presión social de sus familiares. Nada tiene que ver esta pretensión con una supuesta ‘reconciliación’ de víctimas y verdugos (a los que para tal efecto hay que presentar también como víctimas de un ‘conflicto’ del que la banda no tiene la culpa) sino con un refuerzo de su posición estratégica en el tablero de las próximas elecciones… y más allá. El objetivo último es alcanzar alguna forma de impunidad para quienes cometieron los delitos, es decir, seguir avanzando hacia la anhelada y absolutoria impunidad de ETA.
Los convictos etarras no están en la cárcel por ningún ‘conflicto’ político, sino por cometer crímenes castigados en todas partes, tanto contra personas determinadas como contra la sociedad vasca en su conjunto, cuyo libre juego parlamentario y democrático hicieron todo lo posible por obstaculizar durante décadas, transformando las sucesivas consultas electorales en misiones imposibles, o casi, para los constitucionalistas. Convertir ahora su condición colectiva en el problema central de este llamado ‘nuevo tiempo’ es una trampa de doble resorte cara a los próximos comicios del 2013, donde sin duda con unas siglas u otras se presentará una candidatura heredera de Batasuna. Si el Gobierno de España hace cualquier gesto favorable al colectivo de presos que permanecen obedientes a ETA, esa generosidad será presentada como una confirmación del peso político inobjetable que la banda se ha ganado primero practicando el terrorismo y luego suspendiéndolo; si no obtienen ese beneficio global, denunciarán al Estado y sobre todo al partido en el Gobierno como enemigos del proceso de paz que ellos han decretado y pretenden administrar. En ambos casos, rentabilizarán electoralmente para los suyos la situación. Como El Cid, a cuya estirpe guerrera pertenece por lo visto, ETA habrá ganado una última batalla después de muerta… si es que está muerta.
Por el momento, en espera del si o el no, reincidimos en el panorama propagandístico acostumbrado, en el que colaboran informadores, intelectuales y políticos de buena fe y otros que no lo son tanto. Ya hemos visto que quienes han denunciado sin rodeos tanto los procedimientos como las raíces de la violencia separatista han terminado ganándose peor fama que quienes han guardado silencio ante ella o incluso la han apoyado más o menos explícitamente. Ahora, tras la derrota del terrorismo activo, los que mantienen que se atienda de acuerdo con la legislación vigente los casos individuales de los presos (incluida la doctrina Parot, que pide trato diferenciado a las condenas de quienes han matado a una persona o a varias, como parece lógico) y que no haya más hoja de ruta por fin que la Constitución y el Estatuto, van –o vamos– a quedar como adversarios de la convivencia, frente a quienes prefieren favorecer y absolver a los que la han impedido hasta ayer mismo. Triste destino, pero por lo visto no habrá otro remedio que volver a quedar mal si queremos sostener que debe obrarse bien.
Fernando Savater, EL CORREO, 22/4/12