MIKEL BUESA, ABC 23/06/13
· La excepcionalidad histórica reconocida en nuestra Constitución tiene su principal plasmación en el sistema de financiación de los territorios forales. Se trata, en el caso del País Vasco, del Concierto Económico; y en el de Navarra, del Convenio Económico. Ambos son, en lo esencial, iguales y se regulan por sendas leyes que dan una autonomía fiscal limitada a las Diputaciones —de manera que estas recaudan los impuestos concertados— y, como contrapartida, establecen el pago de un Cupo —en Navarra, Aportación— al Estado con el que se financian las competencias de este que no han sido asumidas por las respectivas comunidades autónomas.
Conviene destacar que la autonomía fiscal del País Vasco —propiamente de sus Diputaciones Forales— y de Navarra se encuentra limitada por las exigencias de armonización que establece el Concierto con la regulación estatal de los distintos impuestos, por el requisito de que la presión fiscal sea equivalente a la del resto de España y, en el caso del impuesto de sociedades, por las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia que han constreñido la capacidad de los territorios forales para ofrecer una menor carga fiscal a las empresas instaladas en ellos. En la práctica, tras la fuerte descentralización fiscal que ha supuesto el sistema de financiación autonómico, tanto el País Vasco como Navarra apenas se diferencian, en lo que a la regulación fiscal se refiere, de las comunidades autónomas de régimen común.
Sin embargo, esas regiones forales obtienen muchos más recursos que las demás. En 2009, el año más reciente para el que se dispone de datos, mientras que las CC.AA. de régimen común dispusieron, en promedio, de 2.012 euros por habitante, el País Vasco contó con 4.538 y Navarra con 4.815, más del doble. ¿Cuál es la clave? ¿Dónde está la trampa que conduce a tan privilegiada situación financiera? La respuesta es simple: en el procedimiento de cálculo del Cupo (o Aportación).
Digámoslo con claridad: todo en la metodología del Cupo (Aportación) —que se fija por ley votada en Cortes— es falso. En realidad, es sistema de cálculo es sencillo: al coste de las competencias del Estado no asumidas por el País Vasco o Navarra se le restan unas compensaciones por el IVA y los impuestos especiales, por el déficit del Estado y por otros conceptos menores. Pero, como muestran los estudios que se han realizado al respecto en los últimos años, las cifras que aparecen en la ley —y que luego se trasladan al cálculo anual— están manipuladas en el proceso de negociación política del que se deriva esta: las competencias, por una parte, se subvaloran, y los compensaciones, por otra, se sobrevaloran.
Como resultado, el País Vasco ha ido obteniendo en los años recientes una subvención implícita del Estado del orden del 8,4 por ciento de su PIB; y Navarra, de alrededor del 9,7 por ciento. Esa subvención —que hemos pagado el resto de los españoles al hacernos cargo de lo que ni vascos ni navarros han aportado— explica su privilegiada situación en materia de financiación autonómica.
MIKEL BUESA, ABC 23/06/13