ABC 21/03/17
EDITORIAL
· Fuera de la Constitución no hay democracia ni legalidad y es ahí, en su clima propicio, donde quiere estar el separatismo y a donde nunca debe llegar el Gobierno
EL presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, pretendieron ayer aleccionar a los españoles sobre lo que es la democracia desde una tribuna en un medio de comunicación nacional. Al día siguiente de que miles de catalanes salieran a las calles de Barcelona para denunciar el «golpe independentista» que se está perpetrando, sus máximos responsables se disfrazaron de pedagogos para ilustrar a la opinión pública sobre lo razonable que es vulnerar la Constitución y romper la soberanía del pueblo español. El objetivo final del artículo firmado por Puigdemont y Junqueras no era mostrar su disposición al diálogo, sino su contumacia independentista. Al final, su mensaje era el de siempre: con acuerdo o sin acuerdo, organizarán un referéndum en 2017. Si hubieran empezado por ahí, su tribuna no habría necesitado más de los habituales 140 caracteres, suficientes para condensar el «pensamiento» separatista. Sin embargo, los coautores del texto contra la democracia prefirieron adornar su planteamiento acudiendo al manoseado ejemplo escocés, del que partían con la premisa errónea de considerarlo homólogo al caso catalán. Por lo pronto, en el Reino Unido quien decidió la celebración del referéndum escocés fue el Parlamento británico, porque su orden constitucional se basa en la soberanía parlamentaria de Westminster: se hace lo que dice el Parlamento de todos los británicos y la palabra de este Parlamento es la Constitución británica. Este es el marco constitucional del referéndum escocés. Pero en España prevalece la Constitución normativa de 1978, que declara la unidad de la Nación española y la soberanía del pueblo español, y de nadie más. La voluntad política de pacto a la que aluden Puigdemont y Junqueras no sólo es insuficiente para acordar el referéndum; sería, como mínimo, una prevaricación perseguible de oficio por el Ministerio Fiscal. Ningún Gobierno del Estado tiene en su mano la posibilidad de desmembrar la soberanía nacional para permitir que una parte, y no el todo del pueblo español, decida sobre la integridad política y territorial de España.
Acaso fuera más correcto hablar del «modelo Quebec», basado en la «Ley de la claridad», que niega el derecho a la autodeterminación unilateral y sólo permite un referéndum secesionista si lo acuerdan las instituciones federales de Canadá. Pero para los separatistas catalanes la verdad es un testigo incómodo y la silencian con la manipulación y la mentira. Los catalanes llevan décadas decidiendo, pero en el marco de la Constitución. Fuera de ella no hay democracia, ni legalidad, y es ahí, su clima propicio, donde quiere estar el separatismo y a donde nunca debe llegar el Gobierno.