El mayor error de la Constitución fue la Disposición Transitoria Cuarta, una ingenua concesión al nacionalismo para tratar de involucrarlo en la Carta Magna. En vano: el PNV se negó a votarla. En aquel tiempo el terrorismo mataba noventa personas al año y los constituyentes pensaron que el marco democrático contribuiría a aplacarlo. Otro planteamiento ilusorio que el tiempo pronto demostró equivocado. Los privilegios forales acabaron sirviendo para consolidar un modelo territorial desigualitario que, eso sí, catapultó la prosperidad económica y financiera del País Vasco, pero la deslealtad nacionalista siguió cuestionando el pacto soberano. Y por supuesto ETA pasó otras tres décadas asesinando gente, entre ella a 42 navarros.

La dichosa Transitoria, que permite la anexión de Navarra, previo referéndum, a la autonomía vasca, consagra un cierto derecho de autodeterminación limitada. Se redactó e incluyó en la creencia de que su aplicación era inviable en la práctica porque, como todo el proyecto constitucional, formaba parte de un teórico acuerdo de mutua confianza. Entonces parecía impensable, también para los socialistas, que un Gobierno del PSOE pudiera aliarse con los herederos de la banda etarra. Hoy, y más tras la entrega de Pamplona, la consulta expansionista no sólo ha dejado de ser una posibilidad abstracta, sino que el único motivo de que no esté incluida en la agenda inmediata es que los ‘abertzales’ aún no ven clara la masa crítica suficiente para ganarla.

Sin embargo, aunque nadie la mencione por no agitar un avispero ya bastante sacudido, la eventualidad de ese plebiscito sobre la mítica tierra prometida del separatismo euskaldun asoma ya al fondo del horizonte político. Tabúes mayores y símbolos más sólidos han caído, unas veces de golpe y otras pasito a pasito. Si algo caracteriza al sanchismo es la absoluta volatilidad de sus compromisos. Las cláusulas reales de la alianza con Bildu permanecen envueltas en secreto significativo y a ver, vistos los precedentes, quién es capaz de poner la mano en el fuego por cualquier clase de veto sobrentendido… o incluso explícito.

El problema de esta legislatura consiste en que se han difuminado los límites éticos y se han soltado los puntos de anclaje que sostenían la institucionalidad sobre un conjunto de pautas más o menos convencionales. Han desaparecido los paradigmas regulares, los elementos de referencia sobre los que establecer un mínimo de certezas estables. La propia Constitución se ha vuelto permeable a cualquier necesidad táctica de Sánchez, cuyos resortes de poder arbitrario le permiten franquear cualquier cauce. Todo es negociable, y si no hay obstáculo para amnistiar a los insurrectos catalanes por qué ha de haberlo para facilitar a los radicales el control de Navarra o de Euskadi. Cómo confiar en lo contrario cuando los principios saltan por los aires.