Esta legislatura tiene tres claves estrechamente relacionadas: la amnistía, el control del poder judicial y una eventual consulta de autodeterminación catalana. Las dos primeras afectan a la estructura y hasta la esencia de la democracia, y la tercera es de momento un albur pero su simple posibilidad amenaza la integridad territorial de España. De las tres, la más importante es el asalto político a los tribunales porque representan el último arrecife donde puede encallar el proyecto de Sánchez. El Gobierno tiene ánimo beligerante y los jueces, determinación de resistencia a sus planes de tratarlos como culpables de ‘lawfare’ y pasar por encima de las garantías jurisdiccionales. Se avecina un brutal choque de legitimidades, un conflicto artificial, provocado a conciencia con la arrogancia de un desafío irresponsable, que parte del intento de blindar las decisiones de los representantes populares al margen del Derecho y de los imperativos legales.

Ése es el contexto que explica la designación de Bolaños al frente de tres carteras –Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes– que subsumen en la misma persona los tres poderes del Estado. El mensaje es diáfano y expresa un potente simbolismo autoritario al concentrar en las mismas manos la tríada cardinal del mecanismo democrático. No hay disimulo: se trata de ir a por todas, de arrollar cualquier obstáculo que estorbe al presidente o a sus aliados. Con carácter previo, el Ejecutivo ha desembarcado en el Constitucional para asegurarse un arbitraje casero y convertirlo de hecho en tercera instancia –y hasta en tercera Cámara– desde donde desautorizar al Supremo. Le queda el Consejo, pendiente de renovación por un insostenible bloqueo y víctima de una aún más inaceptable amputación de su capacidad para efectuar nombramientos. Esa batalla, junto con la ley de impunidad para los independentistas, constituye la misión principal del nuevo ministerio.

En el fondo del problema hay una idea perversa: la identificación torticera del aparato de la justicia con una quintacolumna de la derecha dispuesta a sabotear la mayoría ‘de progreso’ a golpe de sentencias, y por tanto susceptible de ser doblegada por las malas o por las buenas. Un argumento de manual populista que entiende las instituciones como mero apéndice instrumental de la correlación parlamentaria de fuerzas, única fuente de legitimidad considerada digna de ser tenida en cuenta. Lo sustancial al servicio de lo contingente, en definitiva. El plano jurídico sometido al criterio exclusivo de la voluntad política, como ya ha ocurrido con la desviación partidista de la Fiscalía. Ésa es la razón, más allá de la amnistía, de que el pulso por (contra) la autonomía de la magistratura sea una cuestión estratégica en el nuevo mandato sanchista. Si cae la separación de poderes nada podrá impedir una mutación constitucional furtiva.