Diego Carcedo-El Correo
- No es la primera vez en España que la corrupción en alguna de sus variantes desestabiliza la normalidad institucional que tanto costó conseguir
La corrupción se ha confirmado una vez más como la principal amenaza para la democracia. El dinero y el poder parecen predestinados a entenderse al margen de las buenas intenciones y honradez que los partidos políticos siempre prometen. Vivimos estos días anonadados – por cierto, una palabra bastante caída en desuso – ante las noticias que se van conociendo en torno a la red de corrupción que cada vez más implica al PSOE y de rebote, al Gobierno y, como no podría ser de otra forma, a su presidente, Pedro Sánchez.
No es la primera vez en España que la corrupción en alguna de sus variantes desestabiliza la normalidad institucional que tanto costó conseguir. Pero la triste realidad es que la experiencia no enseña. El dinero continúa siendo una tentación imparable. En medio de la confusión que se ha creado estos días hay un protagonista bastante olvidado por una sociedad poco agradecida cuya actividad y valentía reconforta. Entre los lamentos malhumorados que provoca el mal uso de nuestra buena fe a la hora de tributar, tenemos una vieja institución que está velando por el interés de todos.
La Guardia Civil, y más concretamente la UCO (Unidad Central Operativa) su sección al servicio de la actividad judicial no sólo ha destacado por su capacidad investigadora — cada vez más difícil ante la imparable revolución de las nuevas tecnologías –, sino también, y en este caso de manera muy especial, con la valentía que siempre implica investigar y luego denunciar contra los superiores, en este caso el propio Gobierno del que orgánicamente depende. Los cerca de quinientos folios que resumen el informe del escándalo que acaba de conmocionar a la sociedad sintetizan un trabajo de muchas horas que tranquiliza a la sociedad.
La realidad que se demuestra es que existe delincuencia incluso entre los responsables de reprimirla, lo cual es muy triste, si, pero saber que hay alguien dentro de la administración del Estado que la vigila y denuncia a los desaprensivos, tranquiliza. Hay muchos indicios que demuestran como los vigilados e investigados intentaron desacreditarla e incluso neutralizarla, lo cual engrandece el ejemplo de la UCO al no dejarse intimidar. Basta echar una rápida ojeada al informe que desencadenó la crisis para percatarse del esfuerzo que supone descubrir actividades delictivas, y como delictivas secretas, desafiando el riesgo de denunciarlas, condenarlas y frenarlas.
Estas revelaciones, ante las que el presidente Sánchez ha pasado el trance de pedir perdón, es lógico que precipiten el final anticipado de una Legislatura que ya se venía reclamando desde hace algún tiempo. Intentar sustentarla sin presupuestos actuales y futuros, e implicaciones judiciales familiares, con el fiscal general del Estado procesado y contando apenas con el respaldo de una coalición entre partidos irreconciliables y convertida en un mercadillo político sin precedente, intentar prolongarla unos meses es una utopía. El ejemplo de la UCO defendiendo la dignidad democrática, política y social, anticipa una única salida susceptible de recuperar la normalidad: solo unas elecciones permitirán limpiar el pasado y emprender la nueva etapa que la situación requiere.