EL MUNDO 15/01/13
· El presidente de Sharp ofreció al socio del hijo de Pujol pagarles en un paraíso fiscal por facilitarle el cierre de su planta en Cataluña.
· Según la Policía, el líder de CDC coordinó actuaciones, resolvió los problemas y participó en la negociación y en los beneficios.
· Oriol Pujol y sus socios eligieron al menos a 4 altos cargos de la Generalitat para puestos desde los que tenían que facilitarles sus negocios.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha reconstruido en un contundente informe el modus operandi del entramado que encabeza Oriol Pujol Ferrusola para enriquecerse mediante distintos negocios que precisaban de la participación de la Generalitat. La Udef da por hecho que algunos de los cobros se produjeron desde paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes.
El informe, remitido por el Tribunal Supremo al Juzgado número 9 de Barcelona, identifica a Oriol Pujol como «beneficiario real de una sociedad mercantil» con «capacidad de actuación directa sobre los órganos de gobierno de la Administración Pública de Cataluña». Para los investigadores, su nombramiento, primero como secretario general adjunto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y, luego, como secretario general le garantizó «la oportunidad para ejercer la influencia directa en aras de conseguir un resultado favorable hacia sus propios proyectos económicos».
La investigación policial de la conocida en un principio como derivada catalana del caso Campeón o trama de las ITV, se reafirma en que el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya operaba junto a los empresarios Sergi Alsina Jiménez -propietario de la consultora Alta Partners- y Sergi Pastor Colldeforns -vinculado a diversas empresas del sector industrial- La esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, trabaja como consejera en la empresa de Alsina.
El 26 de marzo de 2012 la Guardia Civil detenía a Pastor y Alsina por el supuesto amaño de la concesión de las ITV en Cataluña. En aquel momento fueron también arrestados Ricard Puignou, otro empresario vinculado a las ITV, y dos cargos públicos: el subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat catalana, Isidre Masalles, y el número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, al que la juez instructora, Silvia López Mejía, ya atribuye la función de «mediador».
El propio Sergi Alsina, amigo personal del líder convergente desde que coincidieron en la escuela de negocios IESE, llega a asegurar en una de las conversaciones recogidas por la Udef que «desde ahí [es decir, como secretario de CDC] puede tener más influencia que desde el propio Gobierno».
Junto a Alsina, Pastor y Pujol, la Udef identifica a Pedro Vicente Navarrete, responsable de Sony España hasta el pasado abril de 2012, y a su esposa, María Jesús Muro, como «el núcleo central». Todos ellos, junto al hijo del ex presidente catalán, «son beneficiarios económicos de la sociedad Invalcor, Instituto de Valoración Corporal SL, dedicada a la salud» y que aspiran a «que les sirva como lobby. En Invalcor, «la participación de Oriol Pujol es encubierta, percibiendo los retornos que en su caso se distribuyan», según la Policía.
La Udef considera asimismo que el propio Oriol, además de ser parte de Invalcor, «está al tanto de los proyectos y las inversiones que los empresarios llevan a cabo, participando de forma directa en alguna de ellas».
Invalcor, que Sergi Pastor define como «su rentita», puede «dar un beneficio, antes del impuesto, de lo invertido más el 50 o 40%», tal y como recoge el documento policial. Además, «los empresarios participantes han aportado un capital que ronda los 400.000 euros» para su constitución.
Para la Policía, los implicados realizaban «operaciones inversoras» en ámbitos como «la inspección técnica de vehículos o la eficiencia energética, que precisan de adjudicaciones o autorizaciones» de la Generalitat. Además de las actuaciones analizadas, que tienen lugar entre finales de 2010 y la primera mitad de 2012, la investigación desgrana «otras operaciones paralelas» que desarrolla «en primera persona» el propio Alsina, como «los procesos de reestructuración empresarial mediante la negociación de la adquisición de las plantas industriales de Sony, Yamaha y Sharp», multinacionales instaladas en Cataluña y que acometieron deslocalizaciones en este periodo. Según la Policía, «la cantidad que percibe por estas operaciones es de 3.000.000 de euros en el caso de Sony, y alrededor de 2.000.000 de euros por la de Sharp».
A propósito del desempeño de Pujol en estos casos, en las conclusiones de la Udef se afirma que la participación del político se concreta en la «coordinación de las actuaciones»; en la participación «directamente en el proceso de negociación» y en «las dificultades existentes», y en la resolución de los problemas «hablando con los responsables de la Administración Pública implicados -Dirección General de Industria y de Relaciones Laborales-». En concreto, Oriol Pujol intervino «sobre la posibilidad de alargar los ERE de Sharp» y «sobre la liquidación de impuestos en la operación (de Sharp)», para lo que habló con el director de la Agencia Tributaria catalana.
Alsina intervendrá también, en calidad de presidente de Alta Partners, en «la compra y explotación de unos terrenos para destinarlos a campa para vehículos de Seat en Martorell». La operación cuenta con la ventaja de que el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa está en manos de CiU, por lo que según Sergi Alsina es Oriol Pujol «el que tendría que llamar».
Para conseguir esa «influencia directa» y según consta en el informe, los implicados tenían «una forma de actuación basada en la relación de confianza»; «en la confidencialidad de las operaciones»; «en el mantenimiento de la opacidad en cuanto al conocimiento último de los partícipes», y «en la colocación de personas afines en puestos directivos de los órganos de la Administración catalana o en empresas públicas». No en vano, la Udef sostiene que el grupo dispone de «una estructura societaria con la que actúa en función de las necesidades puntuales de la operación». De este modo, diseñan sociedades «con entidades intermediarias creadas ad hoc que garanticen la opacidad del beneficio».
El informe repasa, a través de las comunicaciones entre los implicados, los manejos de Pujol para situar a personas afines, una actividad que ya viene realizando incluso antes de su nombramiento como secretario general adjunto de Convergència el 15 de enero de 2011. En varios sms y conversaciones intervenidas, Alsina le propone varios nombres para su nombramiento en calidad de «responsables o consejeros» en los siguientes organismos: la Subdirección general de Seguridad Industrial, el Instituto Catalán de Finanzas, la Agencia de Competitividad Empresarial de la Generalitat (ACC1Ó), la Empresa de Promoción y Localización Industrial de Cataluña (holding industrial de la Generalitat) y el Instituto de Investigación Aplicada al Automóvil (Idiada), entre otras.
Uno de los enchufes que Alsina le propone al dirigente nacionalista será, precisamente, otra de las implicadas, María Jesús Muro, la esposa de Pedro Navarrete. La propuesta, sin embargo, no entusiasma a Pujol: «(…) entre tú y yo, antes que poner a ésta quizá pongo a otra gente». También medió, según las comunicaciones entre ambos, para situar al frente de Idiada como consejero al propio Sergi Pastor. De hecho, Alsina le escribe: «¿Alguna noticia de cuándo Sureda -director general de Industria de la Generalitat- nombrará a Pastor como consejero de Idiada?». A lo que Pujol responde: «No… Pero lo hará».
EL MUNDO 15/01/13