La ciudadanía europea celebramos mañana el Día de Europa con un espíritu de reconocimiento hacia el proceso de integración que nos ha permitido durante muchos años vivir en paz, libertad y democracia, así como alcanzar un alto nivel de protección de los derechos humanos, gran desarrollo económico y progreso social. Pero también lo celebramos con un sentido crítico ante los problemas no resueltos y las limitaciones que se han puesto de manifiesto durante este tiempo.

Este ha sido precisamente un elemento central de la Asamblea de la Unión de Europeístas y Federalistas de España (UEF) celebrada en Bilbao el pasado mes de marzo, junto con la conmemoración del 75 aniversario del Congreso de Europa realizado en La Haya en 1948. Una reunión trascendental, apenas tres años después del final de la II Guerra Mundial, que elaboró una hoja de ruta federal para la unidad de Europa y en cuya senda proseguimos.

Ahora, Europa debe reformarse en un momento dramático, con la guerra en Ucrania y nuevos retos geoestratégicos. Lo debe hacer teniendo en cuenta que, en plena recuperación tras la pandemia, han aparecido otros problemas como la inflación y una crisis económica y social que se unen a desafíos estructurales como el cambio climático, la falta de un sistema fiscal común, la necesidad de nuevas políticas sociales y la gestión de las migraciones.

Tal reforma no puede ignorar las alarmas que resuenan en toda Europa por la aparición de fuerzas políticas extremistas y nacionalistas que están deteriorando la calidad de la democracia y pueden debilitar la integración europea, en un momento en que se necesita precisamente una Europa más unida.

Es cierto que los avances federales se abren camino, pero con dificultades y contradicciones. Debemos superar una traba institucional que nos bloquea: la estéril regla de la unanimidad en el Consejo, de carácter confederal, que impide a la UE la adopción de las respuestas adecuadas en el momento oportuno. Por eso, tras la Conferencia sobre el futuro de Europa, es tan importante la propuesta que realiza el Parlamento Europeo para que el Consejo convoque una Convención que acuerde una reforma federal de los Tratados para superar el sistema de los acuerdos intergubernamentales.

Deben ser reformas institucionales para que los valores europeos sean protegidos, incluso mediante sanciones a los Estados que los incumplan, reforzando el principio de primacía del Derecho de la Unión. En la política exterior y de seguridad, la competencia de la defensa europea y la conversión del Alto Representante en un auténtico Ministerio Europeo de Asuntos Exteriores. Y es preciso que el Parlamento Europeo disponga de capacidad de iniciativa legislativa y de control en todos los ámbitos políticos, y establezca asimismo nuevos vínculos con los parlamentos nacionales para que, en colaboración, estos dediquen sesiones al debate de la política comunitaria.

Pero, además de las reformas institucionales, la UE debe modificar con urgencia algunas políticas. La pandemia nos ha enseñado que es necesario avanzar en la Unión Sanitaria, con nuevas competencias para la coordinación y colaboración federal de la salud pública.

Es preciso adoptar una política más abierta y responsable en la admisión de inmigrantes, respetuosa con los derechos humanos, que dé un trato justo a todas las personas y garantice la protección internacional a quienes soliciten asilo, con un sistema europeo de reparto y de solidaridad.

Hay que hacer frente a la emergencia climática, reducir radicalmente las emisiones y adelantar la neutralidad de carbono. Y para desarrollar este Pacto Verde Europeo será necesario disponer de nuevos fondos en el presupuesto europeo que faciliten una transición energética eficaz y socialmente justa.

Es imprescindible culminar la Unión Bancaria con un sistema federal de Fondos de garantía de depósitos. Resulta alarmante que se mantengan las disparidades entre los Estados miembros en la fiscalidad hacia las empresas que ocasiona graves tensiones en el funcionamiento del mercado interior. La Unión Monetaria se debe completar, así, con la Unión Fiscal.

Y al mismo nivel que las cuatro libertades fundamentales del mercado interior -libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales-, se necesita reforzar el pilar social e implementar la Carta Social Europea. Es preciso mejorar la calidad del mercado de trabajo, facilitar la movilidad laboral y promover el diálogo social y la negociación colectiva; también hay que crear un sistema de rentas mínimas y de salarios mínimos, así como desarrollar el seguro de desempleo europeo.

Para afrontar con garantías estos enormes desafíos, la Unión debe mejorar su modelo de gobernanza y reforzar los sistemas de participación de la ciudadanía. La Presidencia Española del Consejo en el segundo semestre de 2023 puede y debe desempeñar un papel activo para desarrollar la agenda federalista europea. Es su oportunidad.