La sociedad española desconfía de sus propias posibilidades. Así lo estaría acreditando el último estudio del Real Instituto Elcano que advierte sobre la caída de la imagen nacional entre la población. Ese recelo es general y también sectorial. Según las tres últimas encuestas de Metroscopia (elaboradas el 4, 5 y 8 de este mes) la vacunación es un éxito que los ciudadanos atribuyen a las comunidades autónomas (50%) y no al Gobierno (27%); los consultados reclaman más control sobre las eléctricas para contener el precio de la luz, pero rechazan la nacionalización del sector (solo lo desearía uno de cada cuatro) y el escepticismo sobre la política de vivienda es mayoritario: el 61% cree que el proyecto gubernamental no será efectivo y no logrará reducir el precio de los alquileres. A estas circunstancias se añaden los datos a la baja del INE y del FMI sobre la capacidad de crecimiento de nuestra economía y las muy serias dudas sobre la reducción del desempleo. 

En este contexto, y con del 40º Congreso Federal del PSOE, Pedro Sánchez se encamina a su última apoteosis o «deificación» política. Lo hace después de una crisis de Gobierno que ha dejado heridas en la organización y una percepción ambivalente de su personalidad —de audacia, para unos y de crueldad con sus colaboradores, para otros— y con un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que son una hipérbole contable tanto en los ingresos como en los gastos. Ni se va a recaudar lo que prevén, ni se va a poder gastar lo que se asegura. Si a la Administración General del Estado le ha faltado capacidad de gestión para implementar el Ingreso Mínimo Vital (llegará solo al 45% de sus potenciales beneficiarios a fin de año) ¿cómo logrará repartir los bonos de subvención a segmentos de la población joven destinados a la vivienda y la cultura? 

La intervención sobre las rentas de alquiler depende en lo fundamental de las comunidades autónomas y los municipios, competentes estos últimos para incrementar el IBI de las viviendas vacías. De prosperar esta ley, no conocida aún en anteproyecto, afectaría solo a un 15% del parque de alquiler en España. Una cosa es que con la formulación de estas medidas Sánchez logre acordar las cuentas públicas con Unidas Podemos, y otra, que esas previsiones puedan llegar a cumplirse. Faltan, además, las concesiones definitivas a ERC (Cataluña) y PNV (País Vasco) que alterarán la planificación gubernamental y van a incrementar el progresivo agravio que las demás comunidades ya están manifestando sin el más mínimo disimulo. Unas veces con razón y otras sin ella.

Como bien tituló el diario ‘El País’ el pasado domingo, «Sánchez lanza las últimas cuentas expansivas antes del ajuste poscovid». Cierto: estos Presupuestos son el canto del cisne del presidente que no intentará ya otros porque deberían recoger ajustes muy contundentes que sus socios, dentro y fuera del consejo de ministros, no le permitirán. Estos que se tramitan son, pues, los últimos de la legislatura. ¿Llegará a su término? Difícilmente porque el margen para el gasto se estrecha, lo que imposibilita determinadas políticas sociales, también porque Yolanda Díaz va en serio con ese «frente amplio» que puede impactar en un sector de la izquierda del PSOE y porque el año que viene ERC se aproximará al examen de ortodoxia independentista de sus aliados de JxCAT y la CUP. 

Con estos Presupuestos y con el 40ª Congreso del PSOE entramos de manera resuelta en período preelectoral. Entre otras razones, sobre las anteriores, debido a que la coalición de Gobierno ya está exprimida en todas sus posibilidades y el Ejecutivo excluye del programa legislativo los proyectos más improbables de reformas. Será difícil, aunque no imposible, desbloquear la renovación del Poder Judicial (sí hay acuerdo para renovar un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional y los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, así como el Defensor del Pueblo y el presidente de la Agencia de Protección de Datos) y estamos llegando al momento en el que las reglas fiscales del UE se tengan que aplicar con rigor. España alcanza ya el 119,5% de endeudamiento en relación con su PIB que no va a crecer al ritmo que Economía y Hacienda suponen. Una vez se aprueben estas cuentas, la cuesta se empina y entramos en una nueva fase. 

Por si fuera poco, el Gobierno tiene encima de la mesa un problema insoluble a corto plazo y corrosivo para su horizonte electoral: el precio de la electricidad que impulsa un proceso inflacionario de larga duración con impacto en la capacidad adquisitiva de la población y en los costes de la industria electro-intensiva. Como advirtió Aitor Esteban al presidente, esta espiral desbocada de los precios energéticos amenaza la estabilidad de su Gabinete y como ayer avisó el CIS de Tezanos: la derecha recorta distancias. 

Mientras, el PP ha dado un giro interesante al abrirse al pacto de los órganos constitucionales que culminará con la renovación del CGPJ 

Los aplausos y vítores a Sánchez en el 40º Congreso del PSOE —aparentemente más cohesionado, aunque con criterios internos consistentemente diferentes en distintos sectores de la organización— serán, sí, una apoteosis, pero ya la postrera de la legislatura. A partir de la conclusión del cónclave y tras la probable aprobación de las cuentas públicas, entramos en la fase preparatoria de las generales, de control por el PSOE del «frente amplio» que se formaría a su izquierda; de extinción lenta pero imparable de la coalición de gobierno; de regreso a la ortodoxia de las reglas fiscales europeas; de gestión de los precios energéticos y de lucha contra la inflación y de reformas antipáticas para los socialistas e imposibles de asumir para Unidas Podemos. 

O sea, nos adentramos en un terreno de barbecho político. Mientras, el PP ha dado un giro interesante al abrirse al pacto de los órganos constitucionales que culminará con un compromiso para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es posible que en ese asunto se lleven los populares el gato al agua y es seguro que han conseguido distanciarse de Vox en sus modos políticos y estratégicos. Si el acuerdo es bueno para Sánchez, lo es mucho más para Casado. Ambos, además, han hecho un inédito alarde de duro bipartidismo. Y es que entre PSOE y PP se bastan y sobran para sumar 210 diputados en el Congreso y 159 escaños en el Senado. O sea, la mayoría de 3/5 que exigen estos pactos para los que no necesitan a ningún otro grupo parlamentario.