Cuando la ley de amnistía se publique en el BOE tras su aprobación final en el Congreso, todas las causas relacionadas con el ‘procés’ quedarán en suspenso al margen de cualquier recurso o cuestión prejudicial que pueda plantearse ante el Constitucional o en el ámbito europeo. Sólo en ese momento entrará en vigor la norma, y hasta entonces los jueces a cargo de esos sumarios no sólo pueden y deben seguir adelante con las diligencias que estén instruyendo, sino que incurrirían en prevaricación en caso de no hacerlo. Lo que el Gobierno y sus socios pretenden es paralizar el trabajo de la justicia y marcarle los tiempos mientras se ponen de acuerdo sobre los supuestos de impunidad que deben quedar cubiertos. Es decir, que los magistrados se crucen de brazos y abandonen de inmediato su obligación de aplicar el vigente ordenamiento. Que cesen sus investigaciones y den a los encartados en ellas por exonerados de hecho.

No va a ocurrir. La amnistía es un ataque frontal a la separación de poderes, pero ha encontrado en la autonomía jurisdiccional de la magistratura un potente foco de resistencia. Ante el designio político de pasar por encima de las instituciones e imponer la legitimidad unívoca de la mayoría electa, los tribunales se han vuelto a erigir en el último dique de defensa constitucional, como sucedió durante la revuelta. Han encontrado una fisura, la de los delitos de terrorismo, lo bastante amplia para que el asalto legislativo se detenga al menos hasta dar con una manera jurídicamente viable de recomponerla. Y no será fácil tapar esa brecha porque se trata de una cuestión ante la que la UE y sus estructuras judiciales están en alerta. El frenazo de Sánchez demuestra que ha recibido mensajes de prudencia procedentes de sus asesores de cabecera: acceder a la última exigencia de Puigdemont supondría comprar demasiadas papeletas para que la proposición en curso tope con el rechazo de Luxemburgo y Bruselas.

La interrupción de la ofensiva es provisional. Existe una probabilidad muy alta de que se reanude la carga tras esta especie de tregua táctica. La legislatura no puede arrancar sin el apoyo de la minoría separatista catalana y el presidente está decidido a arrollar cualquier traba que estorbe su marcha. Ayer se permitió sentenciar que «el independentismo no es terrorismo», un veredicto paralelo que lo lanza directamente por el camino de la autocracia. Sin embargo, hace falta algo más que su voluntad para dictar sentencias en una sociedad democrática; ni siquiera vale la correlación de fuerzas parlamentarias. El primer texto enviado a las Cortes ya tenía grietas palmarias y las enmiendas lo han vuelto incomestible para cualquier jurista de cierta relevancia. El Estado está débil pero aún conserva en pie algunas vallas. Queda por ver si la necesidad crítica de siete escaños proporciona suficiente impulso para asaltarlas.