En 2024 se va a librar la madre de todas las batallas por el poder. La batalla por el control del poder judicial. El legislativo y el ejecutivo ya están bajo el dominio de la alianza de partidos que invistieron a Pedro Sánchez y constituye un sólido entente bajo la batuta del PSOE. El bloque conservador dispone de la mayoría absoluta en la Cámara alta y la representación mayoritaria en importantes gobiernos y parlamentos de comunidades autónomas pero son poderes de ámbito puramente local o casi simbólicos como el del Senado. Existe, sin embargo, un poder más abstracto pero igualmente importante que es el control de la opinión pública. Es decir, de la percepción mayoritaria sobre la legitimidad del que manda, la fe o no, en su proyecto, su modernidad o riesgo, su perfil de pasado o futuro, su estabilidad o precariedad.

El control de ese poder está más repartido y, decisiones como la financiación autonómica, la amnistía o los pactos con Bildu, mantienen una especie de empate técnico entre favorables y críticos; entre el relato dominante de Moncloa y el antagónico de un PP preponderante en el bloque de la derecha. De todas formas, la alianza que sostiene a Sánchez ostenta una ligera ventaja en este terreno al haber impuesto en la mayoría de los temas de debate la dicotomía: progresistas/reaccionarios.

En este comienzo de legislatura la lucha por el relato está en todo lo alto para decidir quien es el responsable de la polarización, de la violencia verbal, del rencor social y la rabia política. El numerito de la piñata en Ferraz en la Nochevieja habrá inclinado un poco la balanza en favor de Sánchez. El objetivo de la oposición es que las manifestaciones con o sin elementos de rabia política hagan de contrapeso a los gestos de muro político y división que ha generado Sánchez con su bloque frentepopulista siglo XXI. El pulso es inestable y puede evolucionar a lo largo de los próximos meses.

Las citas electorales pueden reforzar o debilitar a uno de los bloques, pero lo que puede inclinar definitivamente la balanza es el control de las principales instituciones del tercer poder del Estado: el judicial. La influencia a través de jueces y magistrados afines en el Tribunal Supremo, el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales, es determinante a la hora de dilucidar en unos casos como el de la impunidad para Puigdemont y la des-judicialización de la política y en otros casos como Gürtel, Púnica, Kitchen, la politización de esa misma justicia. En la mesa de negociación, PSOE-PP, supervisada por Bruselas en contenido y aplicación del eventual pacto para renovar el CGPJ se librará la última batalla: quién nombra a los jueces.