Su presidente lo elige el Parlamento a propuesta del ministro de Hacienda, que se supone debe seleccionarlo entre personalidades de reputación cualificada y trayectoria profesional al margen de intereses de parte. Cristóbal Montoro, apoyado en la mayoría absoluta del Partido Popular, escogió con su vista de lince a José Luis Escrivá, un analista tan independiente que en 2020 acabó de ministro de Sánchez y de gobernador del Banco de España cuatro años más tarde. (Pedro, como se sabe, tiene un concepto muy particular de la independencia de los cargos institucionales). Su sucesora, Cristina Herrero, se ha comportado con autonomía impecable, tal como exige la definición estatutaria de sus responsabilidades. Una tarea nada fácil frente a un Ejecutivo que, además de llevar tres ejercicios sin Presupuestos que someter a examen, está acostumbrado a desoír voces críticas y prescindir de controles imparciales, y que como cabe imaginar se ha pasado por el forro la mayoría de sus informes y análisis.

Caducado el mandato, le corresponde proponer sustituto a María Jesús Montero, quien no ha encontrado a nadie más independiente que Inés Olóndriz, secretaria general de su propio ministerio. Para qué ir a buscar fuera lo que ya está dentro. Y una de sus primeras encomiendas, si obtiene la aprobación del Congreso, será la de evaluar la reforma del modelo de financiación autonómica que ella misma ha elaborado desde su actual puesto. La Airef era una aldea gala resistente al expansivo brazo del Gobierno, la única agencia de contrapeso no incorporada aún por la Moncloa a su equipo de servicio doméstico; a lo largo del tiempo han caído el Tribunal Constitucional, la Fiscalía del Estado, el Defensor del Pueblo, el regulador bancario, la Comisión de la Competencia y hasta el operador eléctrico. Viendo venir la operación, la presidenta saliente había declarado que «una institución no sólo debe ser independiente sino parecerlo». Bendita candidez en estos tiempos donde la neutralidad es un defecto.