EDITORIAL-EL ESPAÑOL
Con la pujanza política y movilizadora del procés prácticamente evaporada, el separatismo catalán se afana periódicamente por escenificar farsas sonrojantes que le permitan volver a estar de actualidad en la política española.
El regreso por sorpresa a España de Clara Ponsatí es la última de estas pantomimas con las que el independentismo intenta infructuosamente victimizarse ante la opinión pública. La exconsejera de Educación de Puigdemont ha querido volver a Barcelona, tras una fuga de cinco años y medio, para interpretar ante las cámaras una especie de entrega sacrificial en nombre de la República Catalana.
Porque aunque se ha resistido a entregarse al Tribunal Supremo, Ponsatí es consciente de que tiene en vigor una orden nacional de detención. Y ha dejado que los Mossos d’Esquadra la detuviesen mientras paseaba por la capital catalana, rodeada de más periodistas y fotógrafos que seguidores.
En la rueda de prensa que ofreció en el Colegio de Periodistas de Barcelona poco antes de ser arrestada para ser conducida ante el juez de guardia, la eurodiputada defendió que estaba de vuelta para «visibilizar la represión del independentismo».
Pero lo verdaderamente revelador de su diatriba fue su acusación a ERC de ser «una herramienta de la ocupación española». Porque evidencia que el propósito principal de Ponsatí es desgastar al Govern de la Generalitat, dirigido en solitario por los republicanos tras haber roto con Junts el pasado octubre.
El retorno de una de las pocas «exiliadas» que quedaban no es más que una pamema para revitalizar a su partido, de capa caída tras su salida de la coalición y después de la suspensión e imputación de Laura Borràs por haber presuntamente fraccionado contratos irregularmente.
La exconsejera ha querido «denunciar la vulneración sistemática de derechos» que a su juicio sufren «los catalanes», así como la «erosión del Estado de derecho». Una impostura mayúscula, teniendo en cuenta que ella fue una de las responsables de haber intentando socavar el orden constitucional y de atentar contra la integridad de la democracia española.
La desfachatez es aún mayor si se recuerda que Ponsatí y sus colegas se han beneficiado de la reforma del Código Penal pactada por el Gobierno y ERC. Gracias a ella se ha librado de ser procesada por sedición, y sólo se enfrenta a una posible inhabilitación o a una multa en la causa que tiene abierta por desobediencia. Pero, en ningún caso, a penas de cárcel.
Aún así, el independentismo sigue cultivando el relato de que sus líderes son «ilegalmente detenidos», tal y como ha expresado Ponsatí en un mail dirigido a los eurodiputados y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En él lamenta «el desprecio de las autoridades españolas por el Derecho europeo», quejándose también de que, con su detención, se ha violado su derecho a volver a Bruselas para participar en el Pleno de hoy.
Y es cierto que la eurodiputada goza de la inmunidad europarlamentaria concedida, de forma cautelar, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero no es menos cierto que sobre ella pesa una euroorden de detención cursada por el juez Llarena, que llevó al Parlamento Europeo a retirarle la inmunidad parlamentaria (aunque esta se mantenga vigente, al estar recurrida ante la Justicia europea).
De este modo, la lista de agravios que denuncian los secesionistas se vuelve interminable. La eurodiputada ha regresado para echar un pulso al juez instructor de la causa sobre el referéndum ilegal del 1-O, al Gobierno español, al Poder Judicial, al Parlamento Europeo y hasta a la propia Generalitat.
Pero no se debe perder de vista que el desafío de Ponsatí a las autoridades españolas y europeas no es más que un burdo espectáculo de consumo interno para el independentismo, y una expresión de la lucha fratricida que se da en su seno.