Lo escribían hace unos días en este periódico Iván Gil y Fernando H. Valls tras el Congreso socialista: «Sánchez busca soltar el lastre de Podemos y pone rumbo fijo al nuevo ciclo electoral». La noticia no tendría mayor importancia, este país está permanentemente en modo elecciones, si no fuera porque la segunda parte de la legislatura será —aunque parezca mentira no han pasado ni dos años desde las últimas generales— la más relevante en términos políticos. 

No por un capricho caído del cielo, sino porque la pandemia, como se sabe, lo ha cambiado todo, y lo que no se ha hecho antes —la prioridad ha sido luchar contra el coronavirus—, hay que aprobarlo en los dos años que faltan, en teoría, para cerrar la legislatura. Entre otros motivos sobrevenidos, porque nadie podía esperar que la UE pusiera sobre la mesa 750.000 millones de euros para la reconstrucción europea. Y parece evidente que los fondos condicionarán de forma muy relevante las políticas públicas. 

Los préstamos se concentran entre 2021 y 2026, pero hay que devolverlos antes de 2058. Hay por delante tres décadas de vigilancia de Bruselas 

No solo de este Gobierno, sino también de los próximos. La tutela europea no acaba con la era Sánchez. Los préstamos a España, como al resto de países, se van a concentrar entre mediados de 2021 y 2026, pero habrá que devolverlos antes de 2058. Es decir, hay por delante casi tres décadas en las que la economía española estará sujeta a la vigilancia de Bruselas. Básicamente, por una razón que suele ignorarse. 

La mutualización de la deuda, a través del incipiente Tesoro europeo, es un paso decisivo en la integración fiscal, lo que significa, de alguna manera, que se materializa un viejo principio heredado de las colonias británicas en EEUU: ‘no taxation, without representation’. O lo que es lo mismo, quien paga impuestos —y las emisiones mancomunadas de deuda no dejan de serlo, aunque sean en diferido— tiene derecho a estar representado, que es lo que hace la UE cuando presta dinero a cambio de determinadas políticas. La permanencia en el tiempo de instrumentos de solidaridad como son los fondos europeos depende, precisamente, del éxito o fracaso en su gestión.

El secuestro del parlamento

Es en este contexto en el que hay que situar la crisis actual, que afecta a los tres poderes del Estado, manoseados durante años por los mismos partidos que firman un acuerdo vergonzante para repartirse los órganos constitucionales con un descaro impropio de un país avanzado. Ni el gobierno de los jueces tiene razones para sacar pecho sobre su independencia —como hizo el viernes—, cuando sus miembros son cooptados por el poder político (otra cosa son los jueces que actúan en la inmensa mayoría de los casos con independencia de criterio); ni la presidenta del Congreso puede reivindicar la autonomía del legislativo cuando ve sin rechistar que las atribuciones del parlamento en materia de nombramientos son secuestradas a los diputados, unos auténticos brazos de madera, en la elección de determinados cargos por la avaricia de PSOE y PP a la hora de controlarlo todo. Tampoco el Ejecutivo tiene motivos para reivindicarse cuando la coalición ha sido incapaz de pactar una hoja de ruta sobre las reformas que necesita este país. 

En su lugar, se ha optado por el tacticismo, por el regate en corto y hasta por convertir la política en un juego de truhanes, siempre con la vista puesta en obtener réditos electorales. 

Ni que decir tiene que en las negociaciones con Bruselas quien pierde es España, porque un Gobierno fracturado impide discutir desde posiciones de fuerza (y en el asunto de la reforma laboral Bruselas está profundamente equivocada). Por supuesto, por la absurda estrategia de Sánchez, que un día dice que va a derogar la reforma laboral y otro arropa públicamente a Calviño, que lo último que quiere es arrumbar los cambios introducidos en 2012, incumpliendo claramente el acuerdo de la coalición, que dice textualmente «derogaremos la reforma laboral». ¿No lo sabía Calviño cuando aceptó el cargo? ¿No prometió aprobar el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI? 

Calviño incumple el acuerdo de la coalición, que dice textualmente «derogaremos la reforma laboral». ¿No lo sabía cuando aceptó el cargo? 

La inclusión de ese compromiso le sirvió a Sánchez para ganar las elecciones (tanto internas como externas) y, posteriormente, para poder formar Gobierno, pero ahora le ha estallado. Justamente en el peor momento. Moncloa no solo debe cerrar la enésima reforma laboral (el país con más paro es el que ha introducido más cambios en la legislación en las últimas décadas), sino que además se ha comprometido a poner en marcha un mecanismo para poder recortar las pensiones de futuro, se llame factor de sostenibilidad o de equidad intergeneracional. Da igual. Por si fuera poco, además tiene por delante la aprobación de los Presupuestos del Estado, que consignan créditos por unos 27.000 millones procedentes de los fondos europeos.

Romper amarras

Todo esto revela que la legislatura se juega en estos días, y aunque nunca es descartable que las actuales tensiones tengan un cierto componente tacticista, ayer ya Yolanda Díaz aplacó los ánimos, lo que parece claro es que tanto en el PSOE como en Unidas Podemos tienen serios incentivos para romper amarras. En particular, Sánchez, cuyo objetivo ahora es poner tierra de por medio con Unidas Podemos. «Lo que más le gustaría es que rompiéramos», reconocía en privado hace unos días un alto cargo de la coalición morada.

Es muy probable que esto sea verdad. Al PSOE ya le sobra Podemos, y por eso hay que leer en clave de provocación algunos de sus últimos movimientos, ya sea la decisión de Batet de no hacer caso a sus letrados, la declaración nítida de Sánchez arropando a Calviño frente a Yolanda Díaz, o la incomunicación que mantiene con los ministros que no son socialistas. Habrá nuevos episodios. «A mí el presidente ni me habla», decía hace unos días en privado uno de ellos. Sánchez, es evidente, y ya lo ha demostrado en el pasado, si necesita soltar lastre para sobrevivir lo hará, y de ahí que sea algo más que probable que la legislatura haya entrado en una situación crítica. 

Díaz tendrá que tragar muchos sapos. No todo es remar a favor de obra con ERTE o subvenciones. Su silencio sobre la querella lo dice todo 

Unidas Podemos carece, por el contrario, y a primera vista, de incentivos para romper. Obviamente, porque sus expectativas electorales son a la baja y fuera del Gobierno perdería no solo visibilidad, sino el poder que conlleva gestionar cinco ministerios. También es cierto que la popularidad de Yolanda Díaz —que tenderá a alejarse del núcleo fundacional de Podemos: Belarra, Montero…— está en su punto álgido, incluso entre el electorado socialista. Pero lo que queda de legislatura, al contrario de lo que ha sucedido hasta ahora, será la parte más dura. Tendrá que tragar muchos sapos, como el de Alberto Rodríguez. No todo va a ser remar a favor de obra con ERTE o subvenciones. Su silencio sobre la presunta querella contra Batet lo dice todo.

El nuevo escenario

Por un lado, es impensable que la reforma laboral del PP se vaya a derogar en los términos que plantea Díaz (la triple alianza entre la Comisión Europea, Calviño y la CEOE es evidente); por otro, el sistema de pensiones deberá incorporar un mecanismo de reducción de las pensiones futuras, y, por último, las reglas fiscales de la UE volverán a estar vigentes en 2023, lo que supone lisa y llanamente aprobar un calendario de reducción del déficit en un contexto inflacionista (pérdida de poder adquisitivo) y en medio de una colosal crisis energética.

Ni Sánchez ni UP se atreverán a cortar amarras, aunque la situación sea insostenible y las relaciones personales sean tóxicas 

Es decir, un escenario menos favorable para hacer política que hasta ahora, lo que explica que Yolanda Díaz pueda tener incentivos para cortar amarras, si bien es muy probable que no lo haga. De hecho, lo relevante ahora para ella no es el contenido de la reforma laboral, sino no aparecer ante la opinión pública como la perdedora, porque arrastraría sus expectativas electorales. Es una cuestión más de forma que de fondo, como ha sucedido en la ley de los riders, la subida del 1,5% este año del SMI (cuando el IPC está en el 4%) o la ley del teletrabajo, normas pasadas por el filtro de Calviño, a quien, al contrario que a Díaz, no le preocupa aparecer como la derrotada. La vicepresidenta primera no se presenta a las elecciones. 

Ni Sánchez ni Unidas Podemos, sin embargo, se atreverán a cortar amarras a corto plazo, salvo sorpresas, aunque la situación sea insostenible y las relaciones personales en el Consejo de Ministros sean tóxicas. Básicamente, porque el electorado castigará a quien rompa la baraja y de ahí que unos y otros se seguirán aguantando. ¿Hasta cuándo? 

No parece el mejor escenario para hacer reformas de calado que el país necesita. No solamente en el terreno económico, sino en el institucional, como lo demuestran las patadas que se producen a diario en la separación de poderes. Entre otras razones, porque la política de tierra quemada que hace Casado, apoyado el quicio de la mancebía, que diría la copla, solo ayuda a degradar un poco más las instituciones. Y lo que es peor, su dañina estrategia para el país deja entrever lo que puede suceder en la próxima legislatura si el PP es capaz de gobernar: un Congreso roto por la mitad —atravesado por el eje izquierda-derecha— y con escasa capacidad para hacer las reformas de calado que el país necesita. Más de lo mismo. Pero ahora con una deuda que hay que devolver a Europa.